Americagora – Reporteros Sin Fronteras.

En este año de bicentenarios, dos pasos importantes han marcado la eterna cita del Cono Sur de América Latina con su historia. Una historia más reciente y más dolorosa que la Edad de Oro de las Independencias.

En Argentina primero, perseverante en su plan para abrir y democratizar la información (ver aquí), la presidenta Cristina Kirchner ordenó, el 6 de enero, la desclasificación de los archivos de la dictadura militar (1976-1983), todavía en manos del ejército. Refrendado por Nilda Garré y Julio Alak, ministros de Defensa y de Justicia respectivamente, el decreto presidencial concluyó que “las maniobras de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado demuestran que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar los actos ilegales de un gobierno de facto”.

Homenaje nacional. Entre los documentos que pronto serán extraídos de los cajones del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa figuran principalmente los archivos del siniestro Batallón 601, encargado de las misiones de espionaje a favor de la Marina, del Ejército y de las Fuerzas Aéreas en las peores horas de la represión. La memoria colectiva y el acceso a la información pública serán los ganadores, pero los historiadores y los periodistas tendrán también su paquete de frustraciones. Justo antes de colocar la banda presidencial a un Raúl Alfonsín, electo en 1983, el general Reynaldo Bignone había diseminado entre ciertos actores privados los restos de ciertas operaciones clandestinas. La siniestra Escuela Superior Mecánica de la Marina (ESMA), donde pasaron un tercio de los 30,000 desaparecidos de la dictadura, no ha revelado todavía todos sus secretos. Mientras que el capitán Alfredo Astiz, su tristemente célebre y ex locatario, vuelve a ser juzgado, la reconversión integral de los locales en Espacio para la Memoria se terminó en 2008.

Del otro lado de los Andes, Chile, mucho más lento para hacer justicia sobre este período, ha abierto su Museo de la Memoria desde este 11 de enero, inaugurado por Michelle Bachelet en pleno fin de mandato, un mes después del homenaje nacional en honor al poeta y cantante Víctor Jara, asesinado en 1973 en el estadio de Santiago. La segunda vuelta de la elección presidencial del 17 de enero deberá, sin embargo, llevar al poder al millonario de derecha Sebastián Piñera, apoyado por los testamentarios políticos del general Pinochet. Curioso, porque Chile da un paso adelante a favor de la memoria, seguido muy de cerca de dos pasos hacia atrás.

Durante esta semana crucial sale a la luz, este 14 de enero, un proceso revelador de la ambivalencia chilena con su pasado. Del lado de los denunciantes: Edwin Dmiter Bianchi, teniente del Ejército de 23 años de edad, durante la época del Golpe de Estado, implicado en una primera tentativa de golpe contra Salvador Allende (el tranquetazo, que le costará la vida al periodista argentino Leonardo Henrichsen), el 29 de junio de 1973, y presente en el Estadio Chile durante el golpe del 11 de septiembre. Periodista independiente, Pascale Bonnefoy relató este infortunado período de la historia en un artículo fechado el 25 de mayo de 2006 y publicado en distintos medios de comunicación (leer el artículo). Celoso de su imagen, y también de su reputación, el ex teniente presentó una denuncia contra la autora por “difamación” y “calumnia”.

Memoria amputada. Ciertamente, todo ciudadano sin importar cuál sea su pasado puede recurrir a esta vía legal. Pascale Bonnefoy Miralles corre el peligro de una pena de tres a diez años de cárcel. Ante esta primera rareza con relación al principio de justicia se agrega otra, en el tratamiento preliminar del caso. “En la audiencia de preparación de juicio – en que ambas partes anuncian la evidencia documental y testimonial que presentarán en el juicio- yo presenté una lista de 10 testigos -  9 ex presos del estadio y el abogado querellante del caso de Víctor Jara. Los abogados de Dmiter reclamaron que era un número excesivo para ‘demostrar un mismo hecho’, explicó la periodista a Reporteros Sin Fronteras. “El juez accedió y me limitó a cuatro. Tuve que escoger en ese momento cuatro de los 10.”

Sorprendente, en efecto, si se considera que todos los testimonios son bienvenidos para contribuir como “prueba de la verdad del hecho difamatorio”, figura jurídica impuesta en este tipo de casos. En resumen, Pascale Bonnefoy tuvo que restringir sus medios de defensa para probar su buena fe y restablecer una verdad de interés público.

No, Chile no es decididamente Argentina, donde los jefes de la junta fueron juzgados únicamente dos años después del fin de la dictadura, a pesar de las leyes de amnistía posteriores, y anuladas después. El país ha rendido, tardíamente, homenaje a sus víctimas, pero no puede todavía decir nada de sus verdugos. En Argentina, las víctimas “desparecen”. En Chile, los fantasmas se organizaron y el consenso infeliz hizo el resto.  Una condena de Pascale Bonnefoy, a la víspera de esta presidencial, podría hacer definitivamente insostenible una memoria amputada, que viola el derecho de los chilenos a conocer su historia.

Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires y Alejandro Jiménez Susarte en Santiago de Chile)

Traducción de Israel Ayala.