La ONG Reporteros Sin Fronteras nos da su análisis sobre un fenómeno mediático: las radios comunitarias en América Latina. ¿Son medios de comunicación populares o vectores de propaganda?
Están en las ondas radiofónicas, primero en una frecuencia y luego en otra, desaparecen un rato cuando las autoridades decomisan sus equipamientos, y vuelven a nacer gracias al bricolaje de sus oyentes. Es imposible evaluar el número de medios de comunicación comunitarios en América Latina, donde nacieron muchas radios alternativas (y hasta algunas cadenas locales de televisión) que se convirtieron en rompecabezas para los juristas y los servicios de telecomunicación en la región.
Esos medios nacieron al final de los años 1940, cuando unos mineros bolivianos decidieron hablar de sus problemas. Al toque, les imitaron algunos campesinos colombianos. Hoy en día, que la comunicación y sus retos se han desarrollado, las radios comunitarias se convirtieron no solamente en una herramienta de difusión, sino también en una señal de existencia para varias comunidades, ya sean grupos militantes, religiosos, o muchas veces comunidades indígenas.
Estos medios son apoyados por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) cuya división latinoamericana, fundada en 1990, cuenta con 18 representaciones nacionales y una red de 400 radios afiliadas, aunque estas cifras queden muy debajo del verdadero número de pequeñas radios censadas.
Se trataría de 4000 radios en Perú, unas 2000 en Bolivia donde son cada vez más numerosas gracias al apoyo del gobierno de Evo Morales y de una Carta Magna en la cual se reconoce su existencia. Serían 8000 en Brasil, donde varios órganos de observación de la libertad de la prensa indican que 2000 radios se crean cada mes, o sea tantas como las que tienen que dejar de emitir debido a la falta de una frecuencia legal de difusión.
Desde América Central hasta el Cono Sur, desde el Caribe hasta los Andes, incluyendo México y Brasil, las radios comunitarias ya constituyen un desafío político en un subcontinente donde el problema de distribución de las frecuencias se ha vuelto comparable con otro, todavía perceptible : la reforma agraria.
Casi un monopolio. Desde un enfoque jurídico, la Convención Interamericana de Derechos Humanos impone la creación de un espacio mediático para la promoción de las culturas minoritarias en su artículo número 13. Sin embargo, muy pocos estados respetan ese compromiso. Fiel a las desigualdades sociales que han formado su imagen social, América Latina todavia tiene un nivel alto de concentración de los grandes grupos mediáticos con los ámbitos políticos y la oligarquía económica : Copesa y El Mercurio en Chile, Clarín en Argentina, Globo en Brasil, Ardila Lulle y Santodomingo en Colombia tienen mucho que perder en caso de un cambio profundo del espacio audiovisual.
Francisco Martorell, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile, evalúa en un 70% la tasa de radios nacionales controladas principalmente por el grupo empresarial español Prisa, propietario del diario El País. El ejemplo de Chile, donde las dos grandes entidades mediáticas nacionales –Copesa y El Mercurio- ganan por sus propias cuentas cinco milliones de dólares cada año gracias a los anuncios oficiales, es relevante para entender la amplitud del obstáculo económico que existe también en los paises vecinos y contra el cual chocan los grupos comunitarios.
Por supuesto, es imposible atribuir una frecuencia para cada radio. Pero, tampoco se puede ignorar la necesidad del pluralismo y de la circulación libre de las ideas y las opiniones. Desgraciadamente, la respuesta de los gobiernos depende de cada país.
En México, donde ninguna frecuencia fue otorgada desde que los mexicanos eligieron a Felipe Calderón, en diciembre del 2006, las radios comunitarias siguen siendo consideradas como criminales. La ofensiva lanzada contra el narcotráfico, cuando prestó juramento el presidente, dio lugar a ciertas formas de represión contra algunas comunidades y sus medios. El 29 de enero del 2009, unos cien militares asaltaron una comunidad indígena « purépecha » en el estado de Michoacán, con el propósito de confiscar los equipos de Radio Uékakua (que significa “La favorita” en el idioma local).
Esta pequeña radio había solicitado una autorización para emitir desde el año 2002. « Nos han amenazado, daba la impresión que nos asediaban. Hasta movilizaron a un joven para cuidar los equipos. Cuando no ponía atención, lo castigaban», según nos confió Rosa Cruz Rosas, presentadora y gerente de Uékakua, con la ayuda de un intérprete, durante una misión en México. Desde entonces fue convocada por la policía durante el mes de junio, supuestamente para restituirle el material de la radio, pero de hecho era una trampa para inculparla por violación de la Ley Federal de los Bienes.
Primera víctima del golpe de estado en Honduras. Una acusación semejante, combinada con la amenaza de estar encarcelado, concierne a Héctor Camero, de la radio “Tierra y Libertad”, basada en Monterrey. « Es precisamente porque denunciamos los abusos de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico que somos tratados como si fuéramos los cómplices de los cárteles o de los guerrilleros, y que por fin nos castigan », explicó Genoveva Heredia López, de la radio indígena Radio Uandarhi, que tiene derecho a emitir.
En Colombia, el castigo contra las radios comunitarias de la región de Arauca, tomó la forma de interferencias difundidas durante la difusión de algunos programas, en una intervencion militar del año 2008. En Brasil, para obtener una frecuencia hay que proponer más dinero que los competidores en cada estado donde las familias de políticos poderosos-José Sarney en la región de Amapa o Fernando Collor en Alagoas, por ejemplo- construyen grupos de prensa. Por fin, en Honduras, el golpe de estado del 28 de junio del 2009 apuntó de entrada a Radio Progreso, una radio comunitaria fundada por los Jesuitas. Invadida por unos veinte militares, varias veces privadas de emitir, esta radio educativa tuvo el valor de exponerse a represalias contando las consecuencias del putsch en las provincias. El gobierno ilegítimo de Honduras la quiere prohibir.
En Bolivia, en Ecuador y en Argentina, donde una nueva ley de radiodifusion amenaza Clarín, el apoyo reservado a las radios comunitarias corresponde a una voluntad política de ir en contra de la concentración de los medios, que generalmente favorece el desarrollo de una prensa en contra de los recientes gobiernos de izquierda. Al contrario de esos tres países que respetan la indepedencia mediática, Venezuela dejó de tomarla en consideración, y el gobierno venezolano confunde a menudo la palabra comunitaria y el militantismo bolivariano.
¿Comunitario o propagandista? En un contexto de guerra mediática, en el cual las frecuencias de emisión se han convertido en puntos estratégicos para Hugo Chávez, la distribución de éstas a grupos comunitarios permitió esconder la voluntad política puesta en marcha cuando Chávez revocó unas 34 licencias de difusión radiofónica en agosto del 2009. Se esperan 29 más. « Esa exageración viene del uso de la etiqueta comunitaria para medios de propaganda », se queja un delegado venezolano de la AMARC.
La respuesta más equilibrada a este nuevo desafío mediático, la encontramos en Uruguay. La nueva legislación promulgada en 2007 y elaborada con la colaboración de la sociedad civil reserva un tercio del espacio audiovisual a las 200 radios comunitarias uruguayas. Convalidadas por un certificado – sin ánimo de lucro, territorio limitado y ausencia de propaganda política o religiosa – las pequeñas radios obtienen sus licencias a través de un « concurso abierto, público y transparente ». También la ley instauró un Consejo Honorario Consultivo, formado por respresantantes del estado, y de los ámbitos asociativo y universitario, cuya misión es interceder en el proceso de atribución y reconducción de las licencias.
Este dispositivo uruguayo inspiró en cierta medida la nueva Ley Argentina de Radiodifusión , discutida por el momento en el Congreso Federal. También se parece a un proyecto de ley chileno entregado al Parlamento en octubre del 2007. El reconocimiento de los medios comunitarios de América Latina probablamente demorará mucho tiempo. También deberá ser doloroso, si la legislación se acompaña de una selección pendiente de las frecuencias disponibles. Por lo tanto, las radios comunitarias ilegales y/o clandestinas, que siempre consiguen escaparse de las manos de las autoridades latinomaericanas, no desaparecerán.
Benoît HERVIEU, despacho “Américas” de la ONG Reporteros Sin Fronteras.
Traducción: Thomas GAYET
