Antes, leed por ejemplo la protesta de los santafesinos (Santa Fe, Argentina).

SANTA FE. Para la Asociación Santafecina de TV por Cable, el gobernador Hermes Binner, “será responsable de la desaparición de la pluralidad de voces en Santa Fe y en toda la Argentina”, por el apoyo de los diputados socialistas al proyecto de medios. “La oposición del gobernador y del Partido Socialista a la ley cambió repentinamente como consecuencia de la desaparición de las telefónicas. Lo que no advirtió el gobernador es que su apoyo a la ley consagra el ingreso de cooperativas de servicios públicos monopólicas al cable que, aliadas con las multinacionales telefónicas, causarán un daño irreparable en más de 700 cables.”

Mis observaciones, incompletas, son las siguientes:

En el proyecto de ley kirchnerista sobre medios es explícita la voluntad de construir una red estatal-clientelar-“comunitaria” fascista de control de la libertad de prensa (TV y variantes).

Fascismo “rojo” o “negro” (según se prefiera definirlo): en esencia se trata de la misma cosa, diluida y escondida en la retórica hipócrita de lo “políticamente correcto”, y adornada con “ganchos” demagógicos para obtener apoyo de sectores extraños a la producción de información pero hambrientos de poder, como los profesores “expertos” de la Universidad estatal de Buenosn Aires, y de dinero, como las ONGs, “organizaciones comunitarias” y siga inventando clientelas.

Si los K fueran honestos, se podría decir que la pasión por el “bien común” los enceguece hasta el punto que no se dan cuenta de practicar el fascismo a fin de bien. Destruir la libertad es la droga común de esa pasión.

Pero sabemos que los K se proponen simplemente controlar la información para no perder las próximas elecciones presidenciales. Como los izquierdistas europeos, creen de haber perdido las elecciones de medio termino por culpa de los medios, no por los anticuerpos antitotalitarios que afortunadamente existen y reaccionan en la sociedad argentina, heredados de sus fundadores, combatientes de la Libertad.

Los K están decididos a destruir la democracia liberal de nuestros fundadores para substituirla con una dictadura, enmascarada por una farsa del tipo de las ex “democracia populares” que oprimían los países del Este Europeo hasta la caída del comunismo, como hacen Chávez y demás aspirantes a dictadores “democráticos”.

Veamos solo algunos puntos de su proyecto de ley:

ARTÍCULO 3º.-

Objetivos.

La presente ley establece para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos:

(Si es la ley a establecer los objetivos de los servicios de comunicación, ya se mató la libertad de expresión (sería mejor hablar de libertad de prensa, sin mistificaciones)).

“a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a … difundir informaciones, opiniones e ideas en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución National”

Ya el primer “objetivo” limita la libertad de expresión a la raíz. Subordinarla a leyes o tratados presentes (¡y futuros!) significa ya confesar que la libertad de expresión, ya dependiente, dependerá a niveles aún peores de la voluntad política del Poder. Más adelante es claro que dependerá también del circo de las lobbies parasitarias complacientes (universitarias, sindicales, ongs, “comunitarias”, cooperativas, etc., etc.) que ya engordan o aspirarán a engordar bajo la protección del Ejecutivo.

Esta proyecto aspira a fortalecer el control político de la prensa extendiendo la esfera de la corrupción económica y moral manipulable desde el Poder. ¡En esto las cuotas obligatorias favorables a la industria del cine “nacional” no podían faltar!. ¿Eso no es expresión de poder monopolístico estatal?

“b) La promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana”

Esto entienden los K por “libertad de expresión”? ¡Promover por ley una ideología y una política. ¿Y el “federalismo” que tiene que ver?. Simple concesión retórica a débiles protestas federalistas recientes acerca de la “coparticipación” a las entradas fiscales.

“h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos”

Mientras el proyecto de ley abusa del termino “pluralismo” hasta la nausea, lo niega continuamente. Está lleno de demostraciones de la mentalidad fascista-comunista totalitaria: por ejemplo este “objetivo” introduce subrepticiamente una idea que abre el camino al “Estado ético”, listo a imponer una ética (y por lo tanto una moral) que acote la vida del individuo, reduciéndolo a un disminuido mental, pasivo ejecutor conformista de una ética oficial presuntamente superior.

Iluminante ilustración de qué “libertad de prensa” se trata es la idea siguiente:

“j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes;
”

En fin, no hay “objetivo” que no limite la libertad de expresión (¡y no podía ser diversamente, si una ley fija qué es lo que deben hacer los medios!) asfixiándola bajo el manto justificatorio de la ideología de lo “políticamente correcto” y tirando ganchos a las lobbies que esperan el momento de “trabajar” para la actuación de estos “objetivos”.

Lo “politically correct” es la forma ideológica que ha ‘renovado’ la cultura (?) y el lenguaje de las viejas izquierdas planificadoras, luego de las grandes derrotas histórico-mundiales sufridas en el curso del siglo XX. Este lenguaje hace más presentable la destrucción (hoy progresiva) de la libertad y la concentración de siempre más poder en el Estado.

Es un lenguaje aparentemente bienintencionado y neutral, que ha penetrado en parte otras corrientes políticas. Pero el fenómeno es más pronunciado en las izquierdas postcomunistas, y en los progresismos varios, que han ido articulando un lenguaje mistificatorio propio, comenzando en los campus de los Estados Unidos y rápidamente internacionalizado (inicialmente algunas agencias de Naciones Unidas han albergado gente proveniente de esos campus y esto ha favorecido su rápida difusión). ¡Orwell lo equipararía a la “neolengua”, porque funciona exactamente así: relean “1984” por favor!. Por ejemplo: “derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación”, “todos y todas”, niños y niñas”, etc.).

Abandonado el lenguaje marxista, ni el lenguaje del liberalismo clásico Whig de la Revolución Inglesa y Americana, ni el de la Revolución Francesa de los Derechos del Hombre (“machista”) se prestaban a velar el carácter liberticida de las políticas promocionadas (siempre a fin de bien) por este ‘nuevo’ progresismo, siempre dirigista y ansioso de oponer un interés de la Sociedad a la libertad y al interés del individuo. Como en el viejo marxismo, los ideólogos de turno se arrogan el privilegio de la construcción metafísica de la Sociedad como presunto Sujeto portador de intereses, intereses obviamente definidos por ellos mismos.

La eficacia de los residuos de marxismo en suspensión en la retórica “políticamente correcta” se actualiza en las propuestas y decisiones liberticidas iguales a las de los fascismos y de los comunismos históricos, ilusionando a sus promotores de ser personalmente “antifascistas” y “democráticos” y, quizás, hasta “anticomunistas”.

Vamos al titulo II:

“ARTÍCULO 10- Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dependiendo de la Secretaria de Medios de Comunicación …, la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, como Autoridad de Aplicación de la presente ley.”

“ARTÍCULO 11.- Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá establecer al menos UNA (1) delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de UNA (1) delegación cada QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes.”

Sigue el art. 12. Las 30 (sí, treinta) “misiones y funciones” que el Art. 12 de ley enumera son una clara subordinación de la libertad de prensa “audiovisual” a un ejército de burócratas nombrados por el Poder. No estoy a listarlas yo, léanselas. Estén seguros que la muchachada complaciente que integrará la “Autoridad Federal etc.” gastará millones en viajes, convenios internacionales y ceremonias similares, y cobrará muchas coimas. Estas serán garantizadas por la función 13) “Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante…”. etc.

Redundante sería preguntarse con cuales criterios, si no políticos, harían esto.

Las 30 funciones de esta red de control capilar amenazan usurpar lo legislativo y lo judicial, como se deduciría de una lectura atenta non reproducible en este espacio.

El Art. 13 permite señalar de inmediato que la red de control territorial de la “Autoridad” irá a aumentar el flujo del gasto público y a reforzar la red de clientelismo gubernamental. No solo los “beneficiarios” de la ley (“los licenciatarios y titulares de servicio”) sino la entera sociedad deberán agregar a las cargas fiscales que ya llevan sobre sus espaldas el financiamiento de este red de control y limitación de la propias libertades: “…..El presupuesto de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL estará conformado por: a) el gravamen que deben pagar los licenciatarios y demás titulares de Servicios de Comunicación Audiovisual, b) los importes resultantes de la aplicación de multas, c) las donaciones y/o legados y/o subsidios que se le otorguen, d) los recursos presupuestarios provenientes del Tesoro Nacional; y e) cualquier otro ingreso que legalmente se prevea”

O sea, licenciatarios, Tesoro e impuestos a venir.

El art. 14 es una desarmada confesión: “La conducción y administración de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL será ejercida por un Directorio integrado por CINCO (5) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) de ellos a propuesta de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Los Directores correspondientes a la referida COMISIÓN BICAMERAL, serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, UNO (1) en representación de la segunda minoría y el restante en representación de la tercera minoría. El Presidente del Directorio será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre los miembros que lo componen.”

Contentar todos y mantener el control. Dejar al Ejecutivo controlar la “Autoridad” y presentar esto como defensa de la libertad de expresión es pura esquizofrenia, o total falta de vergüenza.

En realidad tampoco debería depender del Parlamento. Una “autoridad” (authority) debería responder solo a su ley constitutiva y al poder judicial.

El Art. 15 crea el “CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALE”, un engendro horrendo y previsiblemente inútil con innumerables miembros, que servirá solo como vehículo de clientelismo y legitimación de las políticas del Ejecutivo, que obviamente designa sus integrantes (Art. 16). Entre sus opinables funciones se destaca la “i) Proponer a los jurados de los concursos”. Sería singular que el Ejecutivo los designe (“a propuesta”, etc.) y después los nombrados le propongan jurados de concurso… “imparciales!.

¿Cómo no tirar un anzuelito a una de las lobbies más resentidas y hambrientas de reconocimiento y de Poder, la pequeña burguesía “profesoral” de las universidades estatales?, en la fatispecie :

“e) Un (1) representante de las Universidades Nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación”.

Entre los sectores que propondrán sus representantes es interesante el “i) Un (1) representante por los pueblos originarios reconocidos ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI)”. Se supone que el INAI disponga de laboratorios para el análisis del DNA, para evitar infiltraciones de sangre colonialista en los pueblos originarios.

Línea por línea el proyecto se autodenuncia como instrumento clientelar, de corrupción y manipulación demagógicas al servicio del Ejecutivo.

Maravilloso el Art. 17: “La autoridad regulatoria deberá conformar un CONSEJO ASESOR DEL AUDIOVISUAL Y LA INFANCIA, multidisciplinario, pluralista, y federal integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes.” ¿Quiénes serán los representantes de los niños (niñas va por lo del “politically correct”) y adolescentes?

Substanciando las innumerables inútiles funciones que el proyecto de ley atribuye al Consejo (el cual un día seguramente encontrará la forma de gravar sobre el Erario público) conmueve la fidelidad a la neolengua políticamente correcta.

Por ejemplo: “i) Promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad”, término este último que substituye el actualmente off limits “handicapado”, proveniente del insensible e vetusto pragmatismo anglosaxon.

La función j) “Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”,.punto “(2) Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación audiovisual de los niños, niñas y adolescentes etc.” disimula torpemente el objetivo de ideologización propagandística de la infancia y el ir sentando las bases de un amplio campo de trabajo para los profesores de las carreras “amigas“ de Comunicación de la UNBA.

Serán los “expertos” a elegir, no el público. En esto como en todo aspirando a expropiar a todos de la propia libertad.

En general, el espíritu del censor compenetra las interminables 163 páginas de esta propuesta, siempre “a fin de bien”.

CAPÍTULO IV

“ARTÍCULO 19.-Créase la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, que tendrá las siguientes misiones y funciones:Etc.”

El nombre de este organismo es digno del “1984” de Orwell: el “público” es todos, nadie y cualquiera, y no necesita de esta usurpación de persona. Se trata simplemente de otro engranaje de la maquina de intimidación y extorsión de la libertad de prensa “audiovisiva” que el Gobierno se propone construir, al fin del control. Basta leer sus funciones, ninguna justificable frente a la existencia de las existentes instituciones constitucionales.

Basta subrayar que: “Art. 20 El titular de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual”. Comisión donde el Ejecutivo tiene la mayoría.

(No sigo porque sirve solo para asquearme, y estoy ocupadísimo en mi trabajo).

Felicidades para todo nuestro pueblo y para todos los periodistas que somos parte de ese colectivo de la diversidad en el escribir y en el hablar.

Alguna vez escuche decir al diputado Miguel Bonasso, arrepentido montonero, arrepentido de la centro izquierda, arrepentido de la ética revolucionaria, que las versiones taquigráficas de las sesiones de las cámaras legislativas quedan como documentos históricos que señalan conductas históricas tomadas en momentos claves de la misma.

Esta ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia quedará inscripta en la historia en el capítulo de la libertad de la palabra conquistada árduamente a través de la lucha de un pueblo soberano.

Su biografía señalará cuan discutida, debatida, enriquecida y plural fue su construcción a lo largo de más de veinte años. Describirá cuántos actores, de la cultura, de la política, de los movimientos sociales, de las cooperativas, de las centrales de trabajadores, de las iglesias y de los valientes profesionales de la comunicación que no aceptaron la orden de obediencia debida de sus patrones, participaron en su elaboración. Periodistas que tuvieron mejor suerte que otros centenares que en la época de la más sangrienta dictadura argentina , pagaron con su vida, su desaparición, su cárcel, su tortura y su destierro, el haber defendido a viva voz el derecho de un pueblo a vivir en un sistema más justo, equitativo.y plural.

Biografía que también relatará que la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia , en el desarrollo de su debate, fue difamada, pisoteada, calumniada de la forma más canalla por los oligopolios mediáticos. Corporaciones que sin máscaradas mostraron crudamente que su argumento libertario no era otra cosa que la ambición escandalosa de poder político y económico.

Monopolios que secuestraron la libertad de la palabra durante muchos años y que a pesar de todas sus miserias y fechorías vivieron en olor de santidad gracias a las bendiciones apostólicas, católicas y romanas.

Espero que en ese todavía largo tramo que nos falta para seguir enfrentando numerosos desafíos, en lo que hace a la implementación de la Ley, estos grupos facinerosos, escandalosamente ricos, no tengan más llegada al “cielo”, aún cuando tenga a su Cardenal, Jorge Mario, colgado al cuello.

Marina Izaguirre Sotomayor
Periodista