Reporteros sin fronteras analiza las consecuencias y los retos de la nueva ley de medios audiovisuales recién promulgada. Una verdadera revolución en el paisaje mediático argentino que bien podría inspirar a los paises vecinos.
Americagora – Reporteros sin Fronteras
Cristina Kirchner no tiene muchos amigos en la prensa, en particular en la « grande ». Un día que se celebraban las conmemoraciones del 9 de julio, cuando todavía era senadora y Primera Dama, la futura Presidenta argentina calificó a los periodistas de « burros » e « ignorantes ». Era la época en que ya el grupo Clarín y La Nación, exasperaban a la Casa Rosada hasta el punto de que Néstor Kirchner se había negado a celebrar la más mínima conferencia de prensa durante su mandato. Por eso, Cristina Kirchner no partía como favorita con un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que esgrimió como la reforma embemática de su presidencia.
Licencias y fútbol. En realidad, lo que la Presidenta ha iniciado es una pequeña revolución al conseguir que el Congreso apruebe el texto, a pesar de la lógica hostilidad de la oposición y de los consorcios mediáticos, con Clarín a la cabeza, que ahora amenazan continuar el debate ante la justicia por « inconstitucionalidad ». Políticamente se trata de una victoria. Inapelable el 17 de septiembre en la Cámara de los Diputados (146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones) y después validada el 10 de octubre en el Senado, en idénticos términos (44 votos a favor, 24 en contra). Se argumentará que hay que pagar el precio de 200 modificaciones del proyecto inicial. Sin duda. El texto salido del hemiciclo, que la sociedad civil quería y había debatido, encaja a pesar de todo con las intenciones de sus promotores; porque el reto era doble.
Por una parte, la nueva ley SCA tenía que saldar la desafortunada herencia de la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la « 22.285 », aprobada en plena dictadura militar y que se mantuvo en vigor tras el regreso del país a la democracia en 1983. La nueva ley substituye – como ente de regulación – al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que en principio agrupaba a dirigentes de empresas, funcionarios de Inteligencia y militares, por una Autoridad de Aplicación integrada por representantes de la clase política. Esa Autoridad, sometida al control del Congreso (otra novedad), tendrá que contar también con la opinión de un Consejo Multisectorial y Participativo, en el que participarán profesores universitarios, personalidades del mundo asociativo y de la sociedad civil y, naturalmente, representantes de la profesión. Un Consejo multisectorial que recuerda mucho al Consejo Honorario Consultivo instituido en Uruguay en 2007 a través de una ley inédita de medios comunitarios, capacitado para intervenir en la concesión y renovación de las frecuencias.
Indeseables y prácticamente inexistentes bajo los regímenes militares, estos nuevos medios de comunicación suponen ahora un gran reto político en el continente (leer también la crónica Reporteros sin Fronteras-Americagora del 16 de septiembre de 2009). Un poco a imagen y semejanza de la ley uruguaya de 2007 que les reserva un tercio del espacio audiovisual, la nueva legislación argentina concede un 33% a los medios sin ánimo de lucro. La antigua ley de 1980 no contemplaba esa figura pero había sido enmendada con condiciones, en dicho sentido, en 2005. Los medios más específicamente identificados como comunitarios tenían que conseguir su regularización aprovechando un cambio en las reglas de concesión de frecuencias, válidas para una duración de diez años frente a los quince anteriores.
Se trataba de dar barnices jurídicos a la dictadura. Los « imperativos de seguridad nacional», con cuya invocación el régimen militar pretendía pesar sobre los contenidos difundidos, desaparecían totalmente con una nueva legislación que garantizaba la libertad de expresión, en conformidad con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La ley SCA establece solo la obligación, como existe en otros países, de una cuota de producción audiovisual nacional en torno al 60%. Igualmente democratiza la retransmisión de los partidos de fútbol, « una cuestión de vida o muerte, e incluso mucho más importante » según la broma, que hasta ahora estaba esencialmente limitada a los canales por cable.
Revolución audiovisual. Democratización, pues, que no parecen reconocer los detractores de la ley Kirchner, algunos de los cuales no dudan en equipararla a la ley de 1980, a la que sin embargo viene a reemplazar. Deshonesto e indecente, ese tipo de ataque juega sobre el otro reto que la SCA intentaba aceptar, y que no es el menor: reparar los perversos efectos de las enmiendas efectuadas a la ley de 1980 durante los anteriores gobiernos democráticos.
Puesto que, en la época en que se aprobó, la legislación del proceso suponía un cierto freno a la concentración de medios de comunicación prohibiendo, por ejemplo, que un grupo de prensa escrita poseyera al mismo tiempo una emisora de radio o un canal de televisión, o que más de veinte personas trabajaran dentro de la misma empresa radiofónica. Esas disposiciones, abolidas durante las presidencias de Alfonsín y Menem, tuvieron la desastrosa consecuencia de favorecer una superconcentración de medios encarnada en el grupo Clarín, poseedor por sí solo de 264 licencias. Estableciendo la prohibición de oligopolios y monopolios mediáticos, la ley SCA limita a 10 el número de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que pueden concederse a un mismo grupo, frente a las 24 anteriores. La misma disposición se aplica a la televisión, hertziana y por cable; un mismo grupo ya no puede ser a la vez, en la misma localidad, concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Además, un concesionario ya no podrá disponer de más de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en soporte satélite, y un operador ya no tendrá derecho legal a ofrecer sus servicios a más del 35% de la población, o de la totalidad del público abonado.
Al final, con las nuevas cláusulas y los vencimientos de frecuencias, Clarín tendría que ceder algunos canales como Multicanal o Cablevisión si quiere conservar otros como Canal 13 (hertziano) y Todo Noticias (por cable). En total, el grupo podría perder 234 de sus licencias de emisión… siempre y cuando fracase en la ofensiva jurídica que se dispone a emprender – junto con otros – contra la ley Kirchner.
Digámoslo. Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. La pequeña revolución audiovisual de Cristina Kirchner bien podría encontrar eco en otros países de la región, como Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde la búsqueda de un equilibrio mediático se ha traducido más en la promoción de una nueva prensa pública o comunitaria. Por el contrario, un desesperante statu quo impera en Chile donde algunos proyectos de legislación, comparables a los aprobados en Uruguay y Argentina, llevan dos años durmiendo en los cajones del Congreso.
Es cierto que, sin duda, el gobierno argentino habría podido evitar añadir la afrenta a la audacia enviando, el 10 de septiembre, un centenar de funcionarios a la sede del grupo Clarín, para efectuar una dura «auditoría». Hay quien en ese episodio ha creído ver una muestra del enérgico carácter de la Presidenta. Cristina Kirchner no es la única, entre sus homólogos latinoamericanos, que exaspera a la maquinaria mediática. Sin embargo su ley, cuando no ella misma, evita la trampa en la que algunos están a veces a punto de caer: confundir la reforma del paisaje mediático con la de la práctica del periodismo.
Benoît Hervieu y Bérengère Ruet, Oficina Américas de Reporteros sin Fronteras (Con Emiliano Gullo en Buenos Aires).
Foto: © Denise Mayumi
El titulo "La pequeña revolucion mediática de Cristina....." a mi juicio, no guarda relación con el paso dado en la argentina con la nueva Ley de Medios,para mí concepto, es un gran paso esa Ley, es una revolución que como uds.<mismos apuntan será atacada de forma inmisericorde por los detentadores del poder mediático. ¡Claro que el ejemplo será seguido! mi país sufre el cerco de una oposición enquistada y dirigida por los dueños de los medios y la SIP, defensora de las peores dictaduras del continente y se unen en un solo bloque para dar con tierra a cualquier país que ose atreverse a disputarles sus espacios, aquí sustituyeron a los partidos políticos y ocuparon esos lugares, pero serán derrotados.
ES LEY Felicidades para todo nuestro pueblo y para todos los periodistas que somos parte de ese colectivo de la diversidad en el escribir y en el hablar. Alguna vez escuche decir al diputado Miguel Bonasso, arrepentido montonero, arrepentido de la centro izquierda, arrepentido de la ética revolucionaria, que las versiones taquigráficas de las sesiones de las cámaras legislativas quedan como documentos históricos que señalan conductas históricas tomadas en momentos claves de la misma. Esta ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia quedará inscripta en la historia en el capítulo de la libertad de la palabra conquistada árduamente a través de la lucha de un pueblo soberano. Su biografía señalará cuan discutida, debatida, enriquecida y plural fue su construcción a lo largo de más de veinte años. Describirá cuántos actores, de la cultura, de la política, de los movimientos sociales, de las cooperativas, de las centrales de trabajadores, de las iglesias y de los valientes profesionales de la comunicación que no aceptaron la orden de obediencia debida de sus patrones, participaron en su elaboración. Periodistas que tuvieron mejor suerte que otros centenares que en la época de la más sangrienta dictadura argentina , pagaron con su vida, su desaparición, su cárcel, su tortura y su destierro, el haber defendido a viva voz el derecho de un pueblo a vivir en un sistema más justo, equitativo.y plural. Biografía que también relatará que la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia , en el desarrollo de su debate, fue difamada, pisoteada, calumniada de la forma más canalla por los oligopolios mediáticos. Corporaciones que sin máscaradas mostraron crudamente que su argumento libertario no era otra cosa que la ambición escandalosa de poder político y económico. Monopolios que secuestraron la libertad de la palabra durante muchos años y que a pesar de todas sus miserias y fechorías vivieron en olor de santidad gracias a las bendiciones apostólicas, católicas y romanas. Espero que en ese todavía largo tramo que nos falta para seguir enfrentando numerosos desafíos, en lo que hace a la implementación de la Ley, estos grupos facinerosos, escandalosamente ricos, no tengan más llegada al "cielo", aún cuando tenga a su Cardenal, Jorge Mario, colgado al cuello. Marina Izaguirre Sotomayor Periodista
Se les acabó el teatrito...a los mercenarios que se andan creyendo sus propias mentiras por TV...Ya no tendremos que ver la "verdad" sojera...ni a los inglesitos...ni a los sionistas...ni al imperio...Van a estar inmersos en una mar de canales y radios...!! Se acabo el monopolio de la verdad...!! Macri y el otro junior tatuado...van a revisar la ley...como será eso...con todo el pais parado y la gente en la calle? Que la sigan mamando...dijo alguien!! Un abrazo! Argentinos Argentinos (Rosario)
La ley de medios es un menjunje fascistoide muy tramposo, del que os mando un inicio de comentario crítico, que non terminé porque es una ley sovietica y larguísima. Lo contrario de lo que debería ser una ley inteligente y respetosa de las libertades. Antes, leed por ejemplo la protesta de los santafesinos (Santa Fe, Argentina). SANTA FE. Para la Asociación Santafecina de TV por Cable, el gobernador Hermes Binner, "será responsable de la desaparición de la pluralidad de voces en Santa Fe y en toda la Argentina", por el apoyo de los diputados socialistas al proyecto de medios. "La oposición del gobernador y del Partido Socialista a la ley cambió repentinamente como consecuencia de la desaparición de las telefónicas. Lo que no advirtió el gobernador es que su apoyo a la ley consagra el ingreso de cooperativas de servicios públicos monopólicas al cable que, aliadas con las multinacionales telefónicas, causarán un daño irreparable en más de 700 cables." Mis observaciones, incompletas, son las siguientes: En el proyecto de ley kirchnerista sobre medios es explícita la voluntad de construir una red estatal-clientelar-“comunitaria” fascista de control de la libertad de prensa (TV y variantes). Fascismo “rojo” o “negro” (según se prefiera definirlo): en esencia se trata de la misma cosa, diluida y escondida en la retórica hipócrita de lo “políticamente correcto”, y adornada con “ganchos” demagógicos para obtener apoyo de sectores extraños a la producción de información pero hambrientos de poder, como los profesores “expertos” de la Universidad estatal de Buenosn Aires, y de dinero, como las ONGs, “organizaciones comunitarias" y siga inventando clientelas. Si los K fueran honestos, se podría decir que la pasión por el “bien común” los enceguece hasta el punto que no se dan cuenta de practicar el fascismo a fin de bien. Destruir la libertad es la droga común de esa pasión. Pero sabemos que los K se proponen simplemente controlar la información para no perder las próximas elecciones presidenciales. Como los izquierdistas europeos, creen de haber perdido las elecciones de medio termino por culpa de los medios, no por los anticuerpos antitotalitarios que afortunadamente existen y reaccionan en la sociedad argentina, heredados de sus fundadores, combatientes de la Libertad. Los K están decididos a destruir la democracia liberal de nuestros fundadores para substituirla con una dictadura, enmascarada por una farsa del tipo de las ex “democracia populares” que oprimían los países del Este Europeo hasta la caída del comunismo, como hacen Chávez y demás aspirantes a dictadores “democráticos”. Veamos solo algunos puntos de su proyecto de ley: ARTÍCULO 3º.- Objetivos. La presente ley establece para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones, los siguientes objetivos: (Si es la ley a establecer los objetivos de los servicios de comunicación, ya se mató la libertad de expresión (sería mejor hablar de libertad de prensa, sin mistificaciones)). "a) La promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a … difundir informaciones, opiniones e ideas en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución National" Ya el primer “objetivo” limita la libertad de expresión a la raíz. Subordinarla a leyes o tratados presentes (¡y futuros!) significa ya confesar que la libertad de expresión, ya dependiente, dependerá a niveles aún peores de la voluntad política del Poder. Más adelante es claro que dependerá también del circo de las lobbies parasitarias complacientes (universitarias, sindicales, ongs, “comunitarias”, cooperativas, etc., etc.) que ya engordan o aspirarán a engordar bajo la protección del Ejecutivo. Esta proyecto aspira a fortalecer el control político de la prensa extendiendo la esfera de la corrupción económica y moral manipulable desde el Poder. ¡En esto las cuotas obligatorias favorables a la industria del cine “nacional” no podían faltar!. ¿Eso no es expresión de poder monopolístico estatal? "b) La promoción del federalismo y la Integración Regional Latinoamericana" Esto entienden los K por “libertad de expresión”? ¡Promover por ley una ideología y una política. ¿Y el “federalismo” que tiene que ver?. Simple concesión retórica a débiles protestas federalistas recientes acerca de la "coparticipación" a las entradas fiscales. "h) La actuación de los medios de comunicación en base a principios éticos" Mientras el proyecto de ley abusa del termino “pluralismo” hasta la nausea, lo niega continuamente. Está lleno de demostraciones de la mentalidad fascista-comunista totalitaria: por ejemplo este “objetivo” introduce subrepticiamente una idea que abre el camino al “Estado ético”, listo a imponer una ética (y por lo tanto una moral) que acote la vida del individuo, reduciéndolo a un disminuido mental, pasivo ejecutor conformista de una ética oficial presuntamente superior. Iluminante ilustración de qué “libertad de prensa” se trata es la idea siguiente: "j) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural, artístico y educativo de las localidades donde se insertan y la producción de estrategias formales de educación masiva y a distancia, estas últimas bajo el contralor de las jurisdicciones educativas correspondientes; " En fin, no hay “objetivo” que no limite la libertad de expresión (¡y no podía ser diversamente, si una ley fija qué es lo que deben hacer los medios!) asfixiándola bajo el manto justificatorio de la ideología de lo “políticamente correcto” y tirando ganchos a las lobbies que esperan el momento de "trabajar" para la actuación de estos "objetivos". Lo “politically correct” es la forma ideológica que ha ‘renovado’ la cultura (?) y el lenguaje de las viejas izquierdas planificadoras, luego de las grandes derrotas histórico-mundiales sufridas en el curso del siglo XX. Este lenguaje hace más presentable la destrucción (hoy progresiva) de la libertad y la concentración de siempre más poder en el Estado. Es un lenguaje aparentemente bienintencionado y neutral, que ha penetrado en parte otras corrientes políticas. Pero el fenómeno es más pronunciado en las izquierdas postcomunistas, y en los progresismos varios, que han ido articulando un lenguaje mistificatorio propio, comenzando en los campus de los Estados Unidos y rápidamente internacionalizado (inicialmente algunas agencias de Naciones Unidas han albergado gente proveniente de esos campus y esto ha favorecido su rápida difusión). ¡Orwell lo equipararía a la “neolengua”, porque funciona exactamente así: relean “1984” por favor!. Por ejemplo: “derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación”, “todos y todas”, niños y niñas”, etc.). Abandonado el lenguaje marxista, ni el lenguaje del liberalismo clásico Whig de la Revolución Inglesa y Americana, ni el de la Revolución Francesa de los Derechos del Hombre (“machista”) se prestaban a velar el carácter liberticida de las políticas promocionadas (siempre a fin de bien) por este ‘nuevo’ progresismo, siempre dirigista y ansioso de oponer un interés de la Sociedad a la libertad y al interés del individuo. Como en el viejo marxismo, los ideólogos de turno se arrogan el privilegio de la construcción metafísica de la Sociedad como presunto Sujeto portador de intereses, intereses obviamente definidos por ellos mismos. La eficacia de los residuos de marxismo en suspensión en la retórica “políticamente correcta” se actualiza en las propuestas y decisiones liberticidas iguales a las de los fascismos y de los comunismos históricos, ilusionando a sus promotores de ser personalmente “antifascistas” y “democráticos” y, quizás, hasta “anticomunistas”. Vamos al titulo II: "ARTÍCULO 10- Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito del PODER EJECUTIVO NACIONAL, dependiendo de la Secretaria de Medios de Comunicación ..., la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, como Autoridad de Aplicación de la presente ley." "ARTÍCULO 11.- Tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá establecer al menos UNA (1) delegación en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un mínimo de UNA (1) delegación cada QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes." Sigue el art. 12. Las 30 (sí, treinta) “misiones y funciones” que el Art. 12 de ley enumera son una clara subordinación de la libertad de prensa “audiovisual” a un ejército de burócratas nombrados por el Poder. No estoy a listarlas yo, léanselas. Estén seguros que la muchachada complaciente que integrará la “Autoridad Federal etc.” gastará millones en viajes, convenios internacionales y ceremonias similares, y cobrará muchas coimas. Estas serán garantizadas por la función 13) “Promover y estimular la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y desalentar las prácticas monopólicas, las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición dominante…”. etc. Redundante sería preguntarse con cuales criterios, si no políticos, harían esto. Las 30 funciones de esta red de control capilar amenazan usurpar lo legislativo y lo judicial, como se deduciría de una lectura atenta non reproducible en este espacio. El Art. 13 permite señalar de inmediato que la red de control territorial de la “Autoridad” irá a aumentar el flujo del gasto público y a reforzar la red de clientelismo gubernamental. No solo los “beneficiarios” de la ley (“los licenciatarios y titulares de servicio”) sino la entera sociedad deberán agregar a las cargas fiscales que ya llevan sobre sus espaldas el financiamiento de este red de control y limitación de la propias libertades: “…..El presupuesto de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL estará conformado por: a) el gravamen que deben pagar los licenciatarios y demás titulares de Servicios de Comunicación Audiovisual, b) los importes resultantes de la aplicación de multas, c) las donaciones y/o legados y/o subsidios que se le otorguen, d) los recursos presupuestarios provenientes del Tesoro Nacional; y e) cualquier otro ingreso que legalmente se prevea” O sea, licenciatarios, Tesoro e impuestos a venir. El art. 14 es una desarmada confesión: “La conducción y administración de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL será ejercida por un Directorio integrado por CINCO (5) miembros designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, DOS (2) de ellos a propuesta de la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Los Directores correspondientes a la referida COMISIÓN BICAMERAL, serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, UNO (1) en representación de la segunda minoría y el restante en representación de la tercera minoría. El Presidente del Directorio será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, entre los miembros que lo componen." Contentar todos y mantener el control. Dejar al Ejecutivo controlar la “Autoridad” y presentar esto como defensa de la libertad de expresión es pura esquizofrenia, o total falta de vergüenza. En realidad tampoco debería depender del Parlamento. Una “autoridad” (authority) debería responder solo a su ley constitutiva y al poder judicial. El Art. 15 crea el “CONSEJO FEDERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALE”, un engendro horrendo y previsiblemente inútil con innumerables miembros, que servirá solo como vehículo de clientelismo y legitimación de las políticas del Ejecutivo, que obviamente designa sus integrantes (Art. 16). Entre sus opinables funciones se destaca la “i) Proponer a los jurados de los concursos”. Sería singular que el Ejecutivo los designe (“a propuesta”, etc.) y después los nombrados le propongan jurados de concurso… “imparciales!. ¿Cómo no tirar un anzuelito a una de las lobbies más resentidas y hambrientas de reconocimiento y de Poder, la pequeña burguesía “profesoral” de las universidades estatales?, en la fatispecie : “e) Un (1) representante de las Universidades Nacionales que tengan facultades o carreras de comunicación”. Entre los sectores que propondrán sus representantes es interesante el “i) Un (1) representante por los pueblos originarios reconocidos ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI)”. Se supone que el INAI disponga de laboratorios para el análisis del DNA, para evitar infiltraciones de sangre colonialista en los pueblos originarios. Línea por línea el proyecto se autodenuncia como instrumento clientelar, de corrupción y manipulación demagógicas al servicio del Ejecutivo. Maravilloso el Art. 17: “La autoridad regulatoria deberá conformar un CONSEJO ASESOR DEL AUDIOVISUAL Y LA INFANCIA, multidisciplinario, pluralista, y federal integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes.” ¿Quiénes serán los representantes de los niños (niñas va por lo del “politically correct”) y adolescentes? Substanciando las innumerables inútiles funciones que el proyecto de ley atribuye al Consejo (el cual un día seguramente encontrará la forma de gravar sobre el Erario público) conmueve la fidelidad a la neolengua políticamente correcta. Por ejemplo: “i) Promover la producción de contenidos para niños, niñas y adolescentes con discapacidad”, término este último que substituye el actualmente off limits “handicapado”, proveniente del insensible e vetusto pragmatismo anglosaxon. La función j) “Elaborar un Programa de Formación en Recepción Crítica de Medios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”,.punto “(2) Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación audiovisual de los niños, niñas y adolescentes etc.” disimula torpemente el objetivo de ideologización propagandística de la infancia y el ir sentando las bases de un amplio campo de trabajo para los profesores de las carreras “amigas“ de Comunicación de la UNBA. Serán los “expertos” a elegir, no el público. En esto como en todo aspirando a expropiar a todos de la propia libertad. En general, el espíritu del censor compenetra las interminables 163 páginas de esta propuesta, siempre “a fin de bien”. CAPÍTULO IV "ARTÍCULO 19.-Créase la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, que tendrá las siguientes misiones y funciones:Etc." El nombre de este organismo es digno del “1984” de Orwell: el “público” es todos, nadie y cualquiera, y no necesita de esta usurpación de persona. Se trata simplemente de otro engranaje de la maquina de intimidación y extorsión de la libertad de prensa “audiovisiva” que el Gobierno se propone construir, al fin del control. Basta leer sus funciones, ninguna justificable frente a la existencia de las existentes instituciones constitucionales. Basta subrayar que: “Art. 20 El titular de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO será designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual”. Comisión donde el Ejecutivo tiene la mayoría. (No sigo porque sirve solo para asquearme, y estoy ocupadísimo en mi trabajo).
