Ya nadie habla de Honduras. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos continúan. Análisis de RSF.
El asunto de Honduras lo creíamos ya terminado. Liquidado, este golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que algunos trataron de presentar como una “sucesión presidencial” (leer aquí la crónica de Americagora-RSF del 18 de noviembre de 2009). Las elecciones del 29 de noviembre tuvieron lugar para ver el cambio democrático después de cinco largos meses de represión, de batida a la Resistencia, y de suspensiones continuas de los medios de comunicación de oposición.
La investidura presidencial de Porfirio Lobo Sosa, propulsada políticamente a favor del golpe de Estado, hizo el resto el 27 de enero pasado. ¿El resto? Mejor dicho la continuación de cinco meses de calvario. Quince días después del controvertido escrutinio, el 13 de diciembre de 2009, el joven defensor de los derechos humanos y militante de la causa gay Walter Tróchez fue secuestrado y asesinado en Tegucigalpa. Lo mismo había sucedido nueve meses atrás, en otro secuestro producto de amenazas dirigidas en su calidad de opositor.
Durante este tiempo, las fuerzas del orden reanudaban el asalto y la incautación de los equipos contra Radio Globo, Canal 36, Radio Uno e incluso contra la redacción del periódico en línea El Libertador, es decir, tantos medios en el colimador desde el golpe de Estado que ellos mismos habían condenado. Y también en la línea de mira, las radios comunitarias –en un mal estatuto bajo el seno de una legislación hondureña que las ignora– no han parado de sufrir. Sobre todo cuando combaten, además del golpe de Estado, lucrativos proyectos de bienes raíces ubicados en tierras ancestrales.
En la costa atlántica, la estación de radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) de los Garifunas, hondureños de ascendencia africana, fue destruida por un incendio el 6 de enero. Gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, afortunadamente pudo reanudar sus programas desde entonces.
¿La investidura iba a dar la ilusión de un “regreso a la normalidad”? La respuesta vino durante el mes de marzo cuando tres periodistas fueron asesinados en menos de quince días en emboscadas carreteras, uno en Tegucigalpa y los otros dos en la costa caribeña. En la capital, el atentado que le costó la vida a Joseph Ochoa, de la cadena privada Canal 51, tenía como objetivo aparentemente a su colega Karol Cabrera, reconocida, entre otras cosas, por su apoyo radical al golpe de Estado. Nueve días después, David Meza Monteinos murió bajo las balas en La Ceiba, en una región fuertemente expuesta al narcotráfico, y quien dijo que tuvo que soportar muchas amenazas. Finalmente, el 14 de marzo, Nahúm Palacios, de la pequeña cadena local Televisora del Aguán-Canal 5, agregó su nombre a la hecatombe.
La conmoción suscitada por este último asunto, mostrada por una manifestación unánime de toda la profesión, disimuló las heridas todavía dejadas por el golpe de Estado. A pesar de algunas excepciones, ningún medio de comunicación recordó que la víctima militaba en la Resistencia, que recibía amenazas porque “tomaba la defensa de los pobres”, y que sufría de brutalidades recurrentes infligidas por militares. Ninguna línea sobre este punto figura tampoco en el periódico Diario Tiempo, el único de los cuatro periódicos de gran tirada del país que no apoyó el golpe del 28 de junio. ¿Por falta de espacio o por miedo? Si el golpe de Estado está oficialmente sometido a nivel institucional, éste continúa en el terreno mediático. Y más allá.
La impunidad reina. Acaba incluso de beneficiar con una prima significativa, el 8 de marzo, al general Romeo Vásquez Velásquez, quien está a la cabeza de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel. Una amnistía por la promoción, para un alto suboficial oportunamente retirado de los cuarteles después del 29 de noviembre, y bajo la orden de que la armada habría participado hasta el punto de bloquear las comunicaciones satelitales de los medios extranjeros mientras Manuel Zelaya era desplazado por la fuerza el 28 de junio.
El golpe de Estado no ha terminado. Y sus consecuencias colocan a Honduras, en este comienzo de 2010, en el poco envidiable segundo lugar de los países más mortales del continente, después de México y Colombia.
En México, los cuatro periodistas, pueden ser cinco, asesinados desde el primero de enero pesan aparentemente poco contra los diecinueve mil muertos de la ofensiva contra el narcotráfico, lanzada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón. Los comportamientos de la policía y la armada, bajo fuertes sospechas de infiltración por parte del crimen organizado, en particular, contra una prensa muy curiosa, se distinguen a veces pocas represalias de los narcotraficantes. Entregado a una guerra que no dice su nombre, y en la que el tema está igualmente suspendido a la voluntad política de los Estados Unidos en materia del control de las armas, el país afronta hoy una misma pregunta fundamental que Honduras después del golpe. ¿Qué queda del Estado de derecho? ¿Qué valor para la Constitución y las libertades fundamentales, allí donde la impunidad se ha convertido en la regla con el aval mismo de las autoridades?
Los móviles invocados por las autoridades mexicanas en dos recientes asesinatos de periodistas se prestarían a la risa si la situación fuera otra. La muerte del director del periódico local Jorge Ochoa Martínez, acaecido en el Estado de Guerreo en enero pasado, tendría por origen un “intercambio verbal luego de un conflicto en un embotellamiento carretero”. En cuanto al periodista de radio Jorge Rabago Valdez, fallecido el 2 de marzo en Reynosa en el estado de Tamaulipas –otra Ciudad Juárez–, habría sido víctima de “desvanecimiento” y de “coma diabético”. Un diagnóstico que no comparte casi nadie en la prensa local que se ha reducido a la autocensura bajo el terror. ¿Y qué dice la comunidad internacional al respecto?
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Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.
Traducción: Israel Ayala
Foto: Môssieur J, Flickr.
