-De Mexico-

Le grand journal mexicain conservateur Reforma, a publié fin mars 2010 le témoignage accablant d’un membre de l’EZLN qui affirme avoir abandonné le mouvement insurgé mexicain. L’informateur anonyme, qui prétend avoir « atteint un poste de haut rang au sein de la structure milicienne », a adressé au journal un document qui révèle les identités, numéros de téléphone, et modèles de voitures utilisés par le « Sub » Marcos et ses acolytes.

Cerise sur le taco, l’ex-zapatiste livre 3 photos montrant le sous-commandant Marcos sans son légendaire passe-montagne. Du jamais vu depuis la publication en 1995 par les autorités mexicaines des images du visage de Rafael Sebastián Guillén Vicente, ancien professeur de la Universidad Autónoma Metropolitana de Mexico, présenté officiellement comme l’identité réelle de Marcos.

On entrevoit sur ces clichés un homme barbu et maigre, une apparence qui contraste beaucoup avec l’embonpoint qu’avait laissé apprécier Marcos lors de ses dernières apparitions publiques en 2006.

Mais la « bombe » que révèle Reforma concerne surtout les liens financiers qui semblent s’être établis entre les insurgés du Chiapas et les artificiers basques…

Selon l’article «des visiteurs étrangers » italiens et basques auraient livré dernièrement « 750 000 euros, puis 350 000 à l’Assemblée de Bon Gouvernement de la Garrucha, le lieu où est établi le campement militaire le plus important de l’EZLN ». Le journal assure que ces révélations constituent « les preuves de la relation de l’EZLN avec l’organisation terroriste basque ETA ».

Quel crédit accorder aux déclarations d’un renégat anonyme qui balance ses anciens potes du maquis lacandon ? La fabrication de preuves et l’apparition opportune de témoins mystérieux est une pratique courante au Mexique.

On sait aussi que les militants se récupèrent facilement, dans un pays où (quoi qu’on en dise) on préfère souvent les « bons arrangements entre amis » à un déferlement de violence. Pancho Villa, le Centaure du Nord, héro de la révolution mexicaine, ne s’est-il pas vu offrir une superbe hacienda pour finir sa vie en échange de la reddition ?

Il n’empêche, ce témoignage –vrai ou pas- tape là où ça fait mal… Le 12 octobre 2002 Marcos s’était attiré l’opprobre quasi unanime en réalisant une déclaration fracassante dans laquelle il défendait le droit du peuple basque à « lutter politiquement pour une cause qui est légitime», traitant par la même occasion le juge espagnol Baltazar Garzón de «clown grotesque» pour avoir «déclaré illégale la lutte politique du pays basque»…

S’aliénant par là-même le soutien d’une bonne partie de son fan-club international le « Comandante Cero» s’était alors plongé dans un silence médiatique donc il n’est ressorti que brièvement en 2005, à l’occasion de la Otra Campaña, initiative indépendante en faveur de la participation populaire réalisée en parallèle des élections présidentielles mexicaines de 2006.

Une attaque contre le mouvement zapatiste qui tombe donc à point nommé dans un contexte de militarisation croissante du pays et alors que les groupes zapatistes, encerclés de toutes part, semblent à bout de souffle.

Dans ce combat inégal, le véritable terrain de bataille est depuis bien longtemps médiatique : d’ors et déjà, les législateurs mexicains de tout bords ont demandé l’ouverture d’une enquête sur ces liens financiers supposés entre l’ETA et l’EZLN.

Mardi 30 mai, Magdalena Gómez, de la Jornada s’interrogeait : « qu’y a-t-il derrière cette volonté de faire le rapprochement entre le zapatisme et une organisation comme l’ETA ? Pourquoi oublie-t-on la condamnation publique du terrorisme sous toutes ses formes qu’a faîte Marcos au cours d’un échange épistolaire conflictuel avec l’ETA ?

« Nous ne savons pas si l’attaque sera seulement médiatique ou s’il faut y voir l’annonce d’une offensive de plus grande ampleur de la part de l’état ; c’est une possibilité qu’on ne peut pas écarter. », conclue-t-elle.

La première balle est tirée, quelle sera la riposte des zapatistes ?

Nicolas Quirion.

Photo: Esparta, Flickr.

El asunto de Honduras lo creíamos ya terminado. Liquidado, este golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que algunos trataron de presentar como una “sucesión presidencial” (leer aquí la crónica de Americagora-RSF del 18 de noviembre de 2009). Las elecciones del 29 de noviembre tuvieron lugar para ver el cambio democrático después de cinco largos meses de represión, de batida a la Resistencia, y de suspensiones continuas de los medios de comunicación de oposición.

La investidura presidencial de Porfirio Lobo Sosa, propulsada políticamente a favor del golpe de Estado, hizo el resto el 27 de enero pasado. ¿El resto? Mejor dicho la continuación de cinco meses de calvario. Quince días después del controvertido escrutinio, el 13 de diciembre de 2009, el joven defensor de los derechos humanos y militante de la causa gay Walter Tróchez fue secuestrado y asesinado en Tegucigalpa.  Lo mismo había sucedido nueve meses atrás, en otro secuestro producto de amenazas dirigidas en su calidad de opositor.

Durante este tiempo, las fuerzas del orden reanudaban el asalto y la incautación de los equipos contra Radio Globo, Canal 36, Radio Uno e incluso contra la redacción del periódico en línea El Libertador, es decir, tantos medios en el colimador desde el golpe de Estado que ellos mismos habían condenado. Y también en la línea de mira, las radios comunitarias –en un mal estatuto bajo el seno de una legislación hondureña que las ignora– no han parado de sufrir. Sobre todo cuando combaten, además del golpe de Estado, lucrativos proyectos de bienes raíces ubicados en tierras ancestrales.

En la costa atlántica, la estación de radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) de los Garifunas, hondureños de ascendencia africana, fue destruida por un incendio el 6 de enero. Gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, afortunadamente pudo reanudar sus programas desde entonces.

¿La investidura iba a dar la ilusión de un “regreso a la normalidad”? La respuesta vino durante el mes de marzo cuando tres periodistas fueron asesinados en menos de quince días en emboscadas carreteras, uno en Tegucigalpa y los otros dos en la costa caribeña. En la capital, el atentado que le costó la vida a Joseph Ochoa, de la cadena privada Canal 51, tenía como objetivo aparentemente a su colega Karol Cabrera, reconocida, entre otras cosas, por su apoyo radical al golpe de Estado. Nueve días después, David Meza Monteinos murió bajo las balas en La Ceiba, en una región fuertemente expuesta al narcotráfico,  y quien dijo que tuvo que soportar muchas amenazas. Finalmente, el 14 de marzo, Nahúm Palacios, de la pequeña cadena local Televisora del Aguán-Canal 5, agregó su nombre a la hecatombe.

La conmoción suscitada por este último asunto, mostrada por una manifestación unánime de toda la profesión, disimuló las heridas todavía dejadas por el golpe de Estado.  A pesar de algunas excepciones, ningún medio de comunicación recordó que la víctima militaba en la Resistencia, que recibía amenazas porque “tomaba la defensa de los pobres”, y que sufría de brutalidades recurrentes infligidas por militares. Ninguna línea sobre este punto figura tampoco en el periódico Diario Tiempo, el único de los cuatro periódicos de gran tirada del país que no apoyó el golpe del 28 de junio. ¿Por falta de espacio o por miedo? Si el golpe de Estado está oficialmente sometido a nivel institucional, éste continúa en el terreno mediático. Y más allá.

La impunidad reina. Acaba incluso de beneficiar con una prima significativa, el 8 de marzo, al general Romeo Vásquez Velásquez, quien está a la cabeza de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel. Una amnistía por la promoción, para un alto suboficial oportunamente retirado de los cuarteles después del 29 de noviembre, y bajo la orden de que la armada habría participado hasta el punto de bloquear las comunicaciones satelitales de los medios extranjeros mientras Manuel Zelaya era desplazado por la fuerza el 28 de junio.

El golpe de Estado no ha terminado. Y sus consecuencias colocan a Honduras, en este comienzo de 2010, en el poco envidiable segundo lugar de los países más mortales del continente, después de México y Colombia.

En México, los cuatro periodistas, pueden ser cinco, asesinados desde el primero de enero pesan aparentemente poco contra los diecinueve mil muertos de la ofensiva contra el narcotráfico, lanzada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón. Los comportamientos de la policía y la armada, bajo fuertes sospechas de infiltración por parte del crimen organizado, en particular, contra una prensa muy curiosa, se distinguen a veces pocas represalias de los narcotraficantes. Entregado a una guerra que no dice su nombre, y en la que el tema está igualmente suspendido a la voluntad política de los Estados Unidos en materia del control de las armas, el país afronta hoy una misma pregunta fundamental que Honduras después del golpe. ¿Qué queda del Estado de derecho? ¿Qué valor para la Constitución y las libertades fundamentales, allí donde la impunidad se ha convertido en la regla con el aval mismo de las autoridades?

Los móviles invocados por las autoridades mexicanas en dos recientes asesinatos de periodistas se prestarían a la risa si la situación fuera otra. La muerte del director del periódico local Jorge Ochoa Martínez, acaecido en el Estado de Guerreo en enero pasado, tendría por origen un “intercambio verbal luego de un conflicto en un embotellamiento carretero”. En cuanto al periodista de radio Jorge Rabago Valdez, fallecido el 2 de marzo en Reynosa en el estado de Tamaulipas –otra Ciudad Juárez–, habría sido víctima de “desvanecimiento” y de “coma diabético”. Un diagnóstico que no comparte casi nadie en la prensa local que se ha reducido a la autocensura bajo el terror. ¿Y qué dice la comunidad internacional al respecto?

>Encuentre las otras crónicas de RSF en esta sección.

Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

Traducción: Israel Ayala

Foto: Môssieur J, Flickr.

Un livre à lire à l’aube du centenaire de la Révolution mexicaine. L’auteure retrace ici les revendications politiques indigènes, de la conquête jusqu’au soulèvement zapatiste de 1994.

Au centre de ce livre, le Chiapas. Un Etat mexicain aux marges, paysan et pauvre. Pourtant, c’est aussi le lieu depuis lequel les problèmes de la redistribution des terres, des inégalités, de la discrimination et de l’entrée dans l’économie de marché ont été projetées au devant de la scène politique du pays.

Courtney Jung en donne le mérite aux organisations indigènes. L’EZLN  (armée zapatiste de libération nationale, insurrection menée par le sous commandant Marcos) en tête, ayant parvenu à focaliser l’attention nationale et internationale sur les discriminations structurelles au Mexique et les conséquences de la libéralisation du secteur agricole² (chômage, émigration…). Mais l’auteur insiste aussi sur le fait que l’on ne peut comprendre ce soulèvement qu’à travers l’histoire de la paysannerie mexicaine.

La colonie espagnole confina les autochtones au travail agricole, qui se trouvèrent par la suite  à la merci des privatisations de terre succédant à l’indépendance de la couronne. Les politiques corporatistes post-révolutionnaires maintinrent jusqu’aux années 1970 la paysannerie dans la dépendance. Les programmes de développement ainsi que l’accès au salariat d’une partie de la paysannerie permirent par la suite la formation de mobilisations paysannes d’opposition.  Mobilisations mises à mal par l’effondrement du mode de vie agricole dans les années 1980 et la chute de l’URSS. Jusque là pas ou très peu de traces de mobilisations en tant qu’ “Indigènes”.

C’est en fait l’émergence de l’attention nationale et internationale aux peuples autochtones dans les années 1990 qui a permis aux mobilisations paysannes chiapanèques (du Chiapas) de renouveler les termes de leurs lutte et de trouver un écho global. Les communautés rurales qui se trouvaient au centre du soulèvement de 1994 n’étaient donc pas celles ayant le plus conservé leurs langues et leurs coutumes mais les plus organisées politiquement à travers la vague d’opposition paysanne.

La conclusion de l’auteure en est qu’il faut abandonner le prisme culturel à travers lequel sont conçus les peuples autochtones. Il s’imposerait donc de mettre en place ou de revendiquer des mesures intégrales en matière de droits politiques, civiques et sociaux. Cela afin de mettre fin aux mécanismes d’exclusions structurels tels que ceux qui ont eu lieu vis à vis des paysans mexicains. L’auteure rejette  les politiques qui consistent à appliquer des mesures d’éducation bilingue ou d’autonomie locale sans respect des droits fondamentaux. De ce dernier point témoigne le traitement judiciaire du massacre d’Acteal ou de l’enlèvement de leaders de groupes de sans terres alors même que le Chiapas fait l’objet d’une mise en valeur touristique basée sur son côté « authentique ».

Un livre accessible pour un ouvrage scientifique dont on regrette simplement qu’il ne soit disponible qu’en langue anglaise. Une version castillane serait pourtant pour plaire au plus grand nombre sur le continent.

Courtney Jung, The Moral Force of Indigenous Politics: Critical Liberalism and the Zapatistas, Cambridge University Press, New York, 2008. 350 pp. 24 eur.

Si les drapeaux des partis politiques furent très visibles, aucun tract d’explication de la situation et de condamnation du coup d’État sans étiquette ou signé collectivement n’a été distribué. Des drapeaux cubains et vénézuéliens, sans rapports directs avec la situation parachevaient la polarisation du débat autour du pro ou de l’anti chavisme alors que la question hondurienne se polarise surtout autour de l’autoritarisme militaire et de la défense de l’institution d’un président démocratiquement élu: Manuel Zelaya.

Un rassemblement avait déjà eu lieu place St Michel à Paris le 2 juillet dernier. L’objectif était également la “lutte pour la démocratie et le respect de droits de l’homme” dans un pays dont les coups d’Etat -au nombre de quatre depuis la seconde moitié du XXe siècle-, n’avaient jusqu’alors pas mobilisé grande attention. Le rassemblement avait été salué par Manuel Zelaya qui avait téléphoné à ses partisans à Paris pour les remercier.  La Fédération Internationale des droits de l’homme avait également émis un communiqué condamnant le coup d’Etat.

Au Honduras, les opposants au nouveau président de facto Roberto Micheletti -nommé en remplacement après l’expulsion de Manuel Zelaya- poursuivent leurs manifestations et leurs grèves. Sous la répression des putschistes, le nombre de morts et d’arrestations grandit chaque jour. Un groupe d’étudiants Honduriens a publié une vidéo sur un site de partage en ligne pour critiquer la chape de plomb qui règne sur les médias. Sous le titre ironique de ” il ne se passe rien au Honduras”, la vidéo tend à montrer en silence la répression policière et militaire.

Benoît Forcemaître

Photo: Yamil Gonzales

Pour aller plus loin:

L’analyse approfondie du coup d’État au Honduras par l’Observatoire Politique de l’Amérique Latine et des Caraïbes (OPALC): Coup d’État au Honduras et perspective historique d’un phénomène nouveau.

En matière de lutte contre les inégalités hommes-femmes, quel bilan tirez-vous des 3 années de pouvoir de Michelle Bachelet ?

Il y a des avancées significatives depuis 2004. Le divorce a été légalisé en 2004, mais il favorise le mari au détriment de la femme. Une retraite pour les femmes au foyer a été instaurée, et l’égalité entre les enfants naturels et légitimes votée. Par ailleurs, le versement des pensions alimentaires est désormais surveillé de près. Avant, bon nombre d’hommes ne versaient pas la pension alimentaire à leurs ex-femmes, et ne faisaient jamais l’objet de poursuites judiciaires.

Maintenant, des peines de prison sont requises pour cela. Il y a certes des avancées institutionnelles mais il y a très peu de changements culturels en réalité. Le cas de l’éducation est révélateur. Les livres scolaires et les professionnels de l’éducation sont toujours très sexistes. Il y a quelques mois, nous avons participé au groupe de travail chargé d’élaborer les nouveaux livres scolaires, et en finir avec les illustrations d’une mère repassant les vêtements et d’un père rentrant du travail pour mettre ses pieds sous la table. De façon générale, le Chili est une société encore très machiste.

La situation des femmes chiliennes dans le monde du travail est l’une des plus mauvaises d’Amérique Latine. Quelles sont les mesures gouvernementales dans ce domaine ?

La question du travail féminin et de l’égalité hommes-femmes dans le monde du travail n’est pas une priorité du gouvernement. Il y a quelques avancées dans le secteur public, mais dans le secteur privé, où travaille la majorité des femmes, la situation est catastrophique. Il y a très peu de contrats formels, et les acquis sociaux sont minimes. Une femme qui prend un arrêt maladie ou un congé maternité peut se retrouver au chômage du jour au lendemain.
En 2000, seules 34% des femmes actives travaillaient, contre 75% de la population active masculine. Malheureusement, ce chiffre ne prend pas en compte les emplois informels ou non déclarés, comme l’artisanat, ou la couture à domicile, parfois pour le compte d’entreprises sous-traitantes pour de grandes marques, comme Falabella [ndlr: une chaîne de grands magasins]. Au Chili, les femmes ne travaillent pas par principe – celui de l’autonomie, ou par envie, mais par nécessité, parce que le mari est handicapé ou qu’il n’y a plus assez d’argent à la maison. C’est une question de mentalité, qu’il faut changer.

Il y a tout juste un an, le Tribunal Constitutionnel défiait le gouvernement et l’opinion publique en interdisant la distribution gratuite de la pilule du lendemain dans les lieux de santé publics. Pourquoi ?
Ces juges qui ont pris cette décision [ndlr: la distribution gratuite de la pilule du lendemain a été jugée anticonstitutionnelle], des hommes souvent âgés de 70 ans, n’ont ni l’intérêt ni les connaissances pour légiférer dans ce domaine. Par ailleurs, les organisations de droite ou catholiques, comme l’Opus Dei sont très influentes au sein du Tribunal Constitutionnel, comme dans l’ensemble de la société chilienne. Imaginez, même la Présidente Bachelet, qui n’est pas catholique, est obligée de participer à des rencontres catholiques avant de prendre des décisions politiques !

Ces milieux très conservateurs, qui détiennent par ailleurs 80% des médias chiliens, comme El Mercurio ou Copesa, ont mené bataille pour refuser aux femmes ce droit fondamental qui est la liberté de son corps. Et pourtant, une majorité de chiliens était favorable à cette distribution gratuite de la pilule du lendemain, même parmi ceux qui s’opposent à l’avortement, puisque cette pilule du lendemain était un bon consensus pour éviter le débat sur la légalisation de l’avortement.
Sa distribution pose maintenant un vrai problème d’inégalités sociales, car seules les municipalités de la Concertación [ndlr: coalition de centre-gauche au pouvoir] et quelques mairies aux mains de la Démocratie Chrétienne la distribuent. Évidemment, celles de droite, comme Santiago ou Valparaiso [ndlr: passées en octobre 2008 aux mains de la coalition de droite Allianza por Chile], ne la distribue pas. Dans ces dernières, la pilule se vend en pharmacie, mais elle coûte 6000 Pesos (12 $), alors que le salaire minimum s’élève à 130 000 pesos.

Ce revers a été un coup dur pour le féminisme chilien. Où en est-on à l’heure actuelle ?

A l’heure actuelle, le mouvement féministe au Chili est divisé entre les institutionnelles, du Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), dont les membres sont issues du mouvement féministe de l’époque de la résistance à la dictature, et les associations et organisations dites « autonomes ». La majorité des femmes chiliennes pensent qu’il est important d’avoir les deux : le Sernam pour les avancées législatives et politiques, et les « autonomes » pour un travail de terrain plus en prise avec la réalité. Il y a beaucoup d’associations régionales ou locales, comme dans la région de Aisén (sud du pays), ou à Arica, dans le Nord, où le féminisme est évoqué conjointement avec les thématiques ethniques. Notre grande surprise a été de voir des jeunes femmes, souvent pauvres, sans études, se mobiliser.

Malheureusement aujourd’hui, le SERNAM ne représente plus le féminisme chilien actuel : beaucoup de ses membres sont liées à l’Eglise Catholique, et se prononcent contre l’avortement, par exemple. Leur travail est trop hygiénique, sans lien avec la réalité des femmes chiliennes. Et, fait important, avec la gouvernance d’une femme, Michelle Bachelet, les féministes institutionnelles sont étrangement moins revendicatives. Elles se taisent pour ne pas créer de problèmes à Michelle Bachelet.

Propos recueillis par Emilie Barraza et Pauline Charles Brunner

Pour en savoir plus:

http://www.feministastramando.cl/

http://www.sernam.cl/portal/

http://www.direcciondeltrabajo.cl/documentacion/1612/propertyvalue-22060.html