El asunto de Honduras lo creíamos ya terminado. Liquidado, este golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que algunos trataron de presentar como una “sucesión presidencial” (leer aquí la crónica de Americagora-RSF del 18 de noviembre de 2009). Las elecciones del 29 de noviembre tuvieron lugar para ver el cambio democrático después de cinco largos meses de represión, de batida a la Resistencia, y de suspensiones continuas de los medios de comunicación de oposición.

La investidura presidencial de Porfirio Lobo Sosa, propulsada políticamente a favor del golpe de Estado, hizo el resto el 27 de enero pasado. ¿El resto? Mejor dicho la continuación de cinco meses de calvario. Quince días después del controvertido escrutinio, el 13 de diciembre de 2009, el joven defensor de los derechos humanos y militante de la causa gay Walter Tróchez fue secuestrado y asesinado en Tegucigalpa.  Lo mismo había sucedido nueve meses atrás, en otro secuestro producto de amenazas dirigidas en su calidad de opositor.

Durante este tiempo, las fuerzas del orden reanudaban el asalto y la incautación de los equipos contra Radio Globo, Canal 36, Radio Uno e incluso contra la redacción del periódico en línea El Libertador, es decir, tantos medios en el colimador desde el golpe de Estado que ellos mismos habían condenado. Y también en la línea de mira, las radios comunitarias –en un mal estatuto bajo el seno de una legislación hondureña que las ignora– no han parado de sufrir. Sobre todo cuando combaten, además del golpe de Estado, lucrativos proyectos de bienes raíces ubicados en tierras ancestrales.

En la costa atlántica, la estación de radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) de los Garifunas, hondureños de ascendencia africana, fue destruida por un incendio el 6 de enero. Gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, afortunadamente pudo reanudar sus programas desde entonces.

¿La investidura iba a dar la ilusión de un “regreso a la normalidad”? La respuesta vino durante el mes de marzo cuando tres periodistas fueron asesinados en menos de quince días en emboscadas carreteras, uno en Tegucigalpa y los otros dos en la costa caribeña. En la capital, el atentado que le costó la vida a Joseph Ochoa, de la cadena privada Canal 51, tenía como objetivo aparentemente a su colega Karol Cabrera, reconocida, entre otras cosas, por su apoyo radical al golpe de Estado. Nueve días después, David Meza Monteinos murió bajo las balas en La Ceiba, en una región fuertemente expuesta al narcotráfico,  y quien dijo que tuvo que soportar muchas amenazas. Finalmente, el 14 de marzo, Nahúm Palacios, de la pequeña cadena local Televisora del Aguán-Canal 5, agregó su nombre a la hecatombe.

La conmoción suscitada por este último asunto, mostrada por una manifestación unánime de toda la profesión, disimuló las heridas todavía dejadas por el golpe de Estado.  A pesar de algunas excepciones, ningún medio de comunicación recordó que la víctima militaba en la Resistencia, que recibía amenazas porque “tomaba la defensa de los pobres”, y que sufría de brutalidades recurrentes infligidas por militares. Ninguna línea sobre este punto figura tampoco en el periódico Diario Tiempo, el único de los cuatro periódicos de gran tirada del país que no apoyó el golpe del 28 de junio. ¿Por falta de espacio o por miedo? Si el golpe de Estado está oficialmente sometido a nivel institucional, éste continúa en el terreno mediático. Y más allá.

La impunidad reina. Acaba incluso de beneficiar con una prima significativa, el 8 de marzo, al general Romeo Vásquez Velásquez, quien está a la cabeza de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel. Una amnistía por la promoción, para un alto suboficial oportunamente retirado de los cuarteles después del 29 de noviembre, y bajo la orden de que la armada habría participado hasta el punto de bloquear las comunicaciones satelitales de los medios extranjeros mientras Manuel Zelaya era desplazado por la fuerza el 28 de junio.

El golpe de Estado no ha terminado. Y sus consecuencias colocan a Honduras, en este comienzo de 2010, en el poco envidiable segundo lugar de los países más mortales del continente, después de México y Colombia.

En México, los cuatro periodistas, pueden ser cinco, asesinados desde el primero de enero pesan aparentemente poco contra los diecinueve mil muertos de la ofensiva contra el narcotráfico, lanzada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón. Los comportamientos de la policía y la armada, bajo fuertes sospechas de infiltración por parte del crimen organizado, en particular, contra una prensa muy curiosa, se distinguen a veces pocas represalias de los narcotraficantes. Entregado a una guerra que no dice su nombre, y en la que el tema está igualmente suspendido a la voluntad política de los Estados Unidos en materia del control de las armas, el país afronta hoy una misma pregunta fundamental que Honduras después del golpe. ¿Qué queda del Estado de derecho? ¿Qué valor para la Constitución y las libertades fundamentales, allí donde la impunidad se ha convertido en la regla con el aval mismo de las autoridades?

Los móviles invocados por las autoridades mexicanas en dos recientes asesinatos de periodistas se prestarían a la risa si la situación fuera otra. La muerte del director del periódico local Jorge Ochoa Martínez, acaecido en el Estado de Guerreo en enero pasado, tendría por origen un “intercambio verbal luego de un conflicto en un embotellamiento carretero”. En cuanto al periodista de radio Jorge Rabago Valdez, fallecido el 2 de marzo en Reynosa en el estado de Tamaulipas –otra Ciudad Juárez–, habría sido víctima de “desvanecimiento” y de “coma diabético”. Un diagnóstico que no comparte casi nadie en la prensa local que se ha reducido a la autocensura bajo el terror. ¿Y qué dice la comunidad internacional al respecto?

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Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

Traducción: Israel Ayala

Foto: Môssieur J, Flickr.

Americagora – Reporters sans frontières

On la croyait terminée cette “affaire” hondurienne. Liquidé, ce coup d’État du 28 juin 2009 que d’aucuns tentaient de présenter comme une “succession présidentielle” (lire aussi la chronique Americagora-RSF du 18 novembre 2009). Les élections du 29 novembre étaient là pour donner le change démocratique après cinq longs mois de répression, de traque à la Resistencia, et de suspensions répétées de médias d’opposition. L’investiture à la présidence de Porfirio Lobo Sosa, propulsé politiquement à la faveur du coup d’État, a fait le reste le 27 janvier dernier. Le reste ? Disons plutôt la suite de ces cinq mois de calvaire. Quinze jours après le scrutin controversé, le 13 décembre 2009, le jeune défenseur des droits de l’homme et militant de la cause gay Walter Tróchez est enlevé et assassiné à Tegucigalpa. Le même venait de subir neuf jours plus tôt un autre kidnapping assorti de menaces ciblées en sa qualité d’opposant.

Pendant ce temps, les forces de l’ordre reprennent les assauts et les saisies d’équipements contre Radio Globo, Canal 36, Radio Uno ou encore la rédaction du journal en ligne El Libertador, c’est-à-dire autant de médias dans le collimateur depuis le golpe de estado (coup d’Etat en espagnol) qu’ils avaient condamnés. Elles aussi dans la ligne de mire, les radios communautaires – en mal de statut au sein d’une législation hondurienne qui les ignore – n’ont pas fini de souffrir. Surtout quand elles combattent, en plus du coup d’État, de juteux projets immobiliers sur les terres ancestrales. Sur la côte atlantique, la station Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) des Garifunas, honduriens d’ascendance africaine, est détruite par un incendie criminel le 6 janvier. L’aide d’organisations internationales lui a heureusement permis de reprendre ses programmes depuis lors.

L’investiture allait-elle donner l’illusion d’un “retour à la normale” ? La réponse est hélas venue en ce mois de mars où trois journalistes auront été assassinés en moins de quinze jours dans des embuscades routières, l’un à Tegucigalpa et les deux autres sur la côte caraïbe. Dans la capitale, l’attentat qui a coûté la vie à Joseph Ochoa, de la chaîne privée Canal 51, visait apparemment sa consœur Karol Cabrera, réputée, entre autres, pour son soutien radical au coup d’État. Neuf jours plus tard, David Meza Montesinos tombe sous les balles à La Ceiba, dans une région fortement exposée au narcotrafic, dont il endurait disait-il les menaces. Enfin, le 14 mars, Nahúm Palacios, de la petite chaîne locale Televisora del Aguán-Canal 5, ajoute son nom à l’hécatombe.

L’émoi suscité par cette dernière affaire, manifesté par un rassemblement pour une fois unanime de toute la profession, dissimule les plaies toujours vives du coup d’État. A de rares sites près, aucun média n’est venu rappeler que la victime militait dans la Resistencia, que de récentes menaces lui avait été adressées parce qu’il “prenait la défense des pauvres”, et qu’il souffrait de brutalités récurrentes infligées par des militaires. Pas une ligne sur ce point ne figure non plus dans le quotidien Diario Tiempo, le seul des quatre à gros tirage du pays à n’avoir pas soutenu le golpe du 28 juin. Par manque de place ou par peur ? Si le coup d’État est officiellement plié au plan institutionnel, il se poursuit sur le terrain médiatique. Et au-delà.

L’impunité règne. Elle vient même de bénéficier d’une forte prime avec la nomination, le 8 mars, du général Romeo Vásquez Velásquez à la tête de l’entreprise nationale de télécommunications Hondutel. Une amnistie par la promotion, pour un haut gradé opportunément retiré des casernes après le 29 novembre, et sous l’ordre duquel l’armée avait été jusqu’à bloquer les liaisons satellites de médias étrangers tout en délogeant de force Manuel Zelaya le 28 juin.

Le coup d’État n’a donc pas cessé. Et ses conséquences placent désormais le Honduras, en ce début d’année 2010, au peu enviable second rang de pays le plus meurtrier du continent, après le Mexique et devant la Colombie.

Au Mexique, les quatre journalistes – peut-être cinq – assassinés depuis le 1er janvier pèsent apparemment peu parmi les dix-neuf mille tués de l’offensive contre le narcotrafic, lancée en décembre 2006 par le président Felipe Calderón. Les agissements de la police et l’armée, fortement suspectes d’infiltration par le crime organisée, et en particulier contre une presse trop curieuse, se distinguent parfois peu des représailles des narcotrafiquants. Livré à une guerre qui ne dit pas son nom, dont l’issue est également suspendue à la volonté politique des Etats-Unis en matière de contrôle des armes, le pays affronte aujourd’hui une même question fondamentale que le Honduras de l’après golpe. Que reste-t-il d’État de droit ? Que valent la Constitution et les libertés fondamentales, là où l’impunité est devenue la règle avec l’aval des autorités elles-mêmes ?

Les mobiles avancés par les autorités mexicaines pour deux affaires récentes d’assassinat de journalistes prêteraient à rire si la situation était autre. La mort du directeur de quotidien local Jorge Ochoa Martínez, abattu dans l’État de Guerrero en janvier dernier, aurait pour origine un “échange verbal lors d’un conflit routier dans un embouteillage”. Quant au journaliste de radio Jorge Rabago Valdez, mort le 2 mars à Reynosa dans l’État de Tamaulipas – un autre Ciudad Juárez -, il aurait été victime “d’évanouissement” et de “coma diabétique”. Un diagnostic que ne partage guère une presse locale réduite à l’autocensure sous la terreur. Et qu’en dit la communauté internationale ?

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Benoît Hervieu, bureau Amériques de Reporters sans frontières.

Photo: Môssieur J, Flickr.

En cette année des bicentenaires, deux pas importants ont marqué l’éternel rendez-vous du Cône sud de l’Amérique latine avec son histoire. Une histoire plus récente et plus douloureuse que l’âge d’or des indépendances.

En Argentine tout d’abord, persévérant dans son dessein d’ouvrir et de démocratiser l’information, la présidente Cristina Kirchner a ordonné, le 6 janvier, la déclassification des archives de la dictature militaire (1976-1983), toujours aux mains de l’armée. Contresigné par Nilda Garré et Julio Alak, respectivement ministres de la Défense et de la Justice, le décret présidentiel conclut que “les agissements des forces armées au cours de l’époque du terrorisme d’État démontrent que la classification comme non-publique de l’information et/ou documentation n’était pas destinée à protéger les propres intérêts légitimes d’un État démocratique mais, au contraire, a servi à occulter les manœuvres illégales d’un gouvernement de facto”.

Hommage national. Parmi les documents bientôt extraits des tiroirs des états-majors et du ministère de la Défense figurent notamment les archives du sinistre Bataillon 601, chargé des missions d’espionnages pour le compte de la marine, de l’armée de terre et des forces aériennes au pires heures de la répression. La mémoire collective et l’accès à l’information publique vont donc y gagner mais historiens et journalistes auront aussi leur lot de frustrations. Juste avant de remettre le cordon présidentiel à un Raúl Alfonsín élu en 1983, le général Reynaldo Bignone, avait dispersé entre des dépositaires privés les traces de certaines opérations clandestines. La sinistre Ecole supérieure mécanique de la marine (ESMA), où passa près du tiers des 30 000 disparus de la dictature, n’a pas encore révélé tous ses secrets. Alors que son tristement célèbre et ancien locataire, le capitaine Alfredo Astiz, repasse devant ses juges, la reconversion intégrale des lieux en Espace pour la Mémoire s’est achevée en 2008.

De l’autre côté des Andes, le Chili, nettement plus lent à rendre justice sur cette période, a lui aussi son musée de la mémoire depuis le 11 janvier, inauguré par Michelle Bachelet en toute fin de mandat, un mois après l’hommage national rendu au poète et chanteur Víctor Jara, assassiné en 1973 dans le stade de Santiago. Le second tour de l’élection présidentielle du 17 janvier devrait néanmoins amener au pouvoir le milliardaire de droite Sebastián Piñera, soutenu par les testamentaires politiques du général Pinochet. Curieux Chili où un pas en direction de la mémoire est suivi de très près par deux en arrière.

Au cours de cette semaine cruciale tombe, ce 14 janvier, un procès révélateur de l’ambivalence chilienne vis-à-vis du passé. Côté plaignant : Edwin Dmiter Bianchi, lieutenant de 23 ans à l’époque du coup d’État, impliqué dans une première tentative de putsch contre Salvador Allende (le tanquetazo qui coûta la vie au journaliste argentin Leonardo Henrichsen), le 29 juin 1973, et présent dans l’enceinte du stade national au moment du coup d’État du 11 septembre. Journaliste indépendante, Pascale Bonnefoy a relaté cette lourde tranche d’histoire dans un article en date du 25 mai 2006 et publié par plusieurs médias (lire l’article en espagnol ici) Jaloux de son image, sinon de sa réputation, l’ex-lieutenant a déposé plainte contre l’auteur pour “calomnie” et “injure”.

Mémoire amputée. Certes, n’importe quel citoyen et quel que soit son passé peut emprunter cette voie légale. Pascale Bonnefoy Miralles risque, quant à elle, une peine de trois à dix ans de prison. A cette première étrangeté au regard du principe de justice s’en ajoute une seconde, dans le traitement préliminaire du dossier. “Au moment de l’audience préparatoire, j’ai présenté une liste de dix témoins, neuf anciens prisonniers du stade et l’avocat du dossier Víctor Jara. Les avocats de Dmiter ont soutenu que ce nombre était excessif pour démontrer ‘un seul fait’.”, a expliqué la journaliste à Reporters sans frontières. “Le juge leur a donné gain de cause et j’ai dû me limiter à quatre témoins, en sélectionnant moi-même parmi les dix.”

Surprenant, en effet, quand on songe que tout témoignage est bienvenu pour concourir à “l’offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire”, figure juridique imposée dans ce type d’affaire. En résumé, Pascale Bonnefoy doit restreindre ses moyens de défense pour plaider sa bonne foi et rétablir une vérité d’intérêt public.

Non, le Chili n’est décidément pas l’Argentine, où les chefs de la junte furent jugés deux ans seulement après la fin de la dictature malgré les lois d’amnistie ultérieures, annulées depuis. Le pays a rendu – tardivement – hommage à ses victimes, mais ne veut toujours rien dire de ses bourreaux. En Argentine, les victimes “disparaissaient”. Au Chili, les fantômes se sont rangés et un consensus malheureux a fait le reste. Une condamnation de Pascale Bonnefoy, à la veille de cette présidentielle-là, pourrait rendre définitivement intenable une mémoire amputée, qui viole le droit des Chiliens à connaître leur histoire.

Benoît Hervieu, Bureau Amériques de Reporters sans frontières.

(Avec Emiliano Gullo à Buenos Aires et Alejandro Jiménez Susarte à Santiago du Chili)

En este año de bicentenarios, dos pasos importantes han marcado la eterna cita del Cono Sur de América Latina con su historia. Una historia más reciente y más dolorosa que la Edad de Oro de las Independencias.

En Argentina primero, perseverante en su plan para abrir y democratizar la información (ver aquí), la presidenta Cristina Kirchner ordenó, el 6 de enero, la desclasificación de los archivos de la dictadura militar (1976-1983), todavía en manos del ejército. Refrendado por Nilda Garré y Julio Alak, ministros de Defensa y de Justicia respectivamente, el decreto presidencial concluyó que “las maniobras de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado demuestran que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar los actos ilegales de un gobierno de facto”.

Homenaje nacional. Entre los documentos que pronto serán extraídos de los cajones del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa figuran principalmente los archivos del siniestro Batallón 601, encargado de las misiones de espionaje a favor de la Marina, del Ejército y de las Fuerzas Aéreas en las peores horas de la represión. La memoria colectiva y el acceso a la información pública serán los ganadores, pero los historiadores y los periodistas tendrán también su paquete de frustraciones. Justo antes de colocar la banda presidencial a un Raúl Alfonsín, electo en 1983, el general Reynaldo Bignone había diseminado entre ciertos actores privados los restos de ciertas operaciones clandestinas. La siniestra Escuela Superior Mecánica de la Marina (ESMA), donde pasaron un tercio de los 30,000 desaparecidos de la dictadura, no ha revelado todavía todos sus secretos. Mientras que el capitán Alfredo Astiz, su tristemente célebre y ex locatario, vuelve a ser juzgado, la reconversión integral de los locales en Espacio para la Memoria se terminó en 2008.

Del otro lado de los Andes, Chile, mucho más lento para hacer justicia sobre este período, ha abierto su Museo de la Memoria desde este 11 de enero, inaugurado por Michelle Bachelet en pleno fin de mandato, un mes después del homenaje nacional en honor al poeta y cantante Víctor Jara, asesinado en 1973 en el estadio de Santiago. La segunda vuelta de la elección presidencial del 17 de enero deberá, sin embargo, llevar al poder al millonario de derecha Sebastián Piñera, apoyado por los testamentarios políticos del general Pinochet. Curioso, porque Chile da un paso adelante a favor de la memoria, seguido muy de cerca de dos pasos hacia atrás.

Durante esta semana crucial sale a la luz, este 14 de enero, un proceso revelador de la ambivalencia chilena con su pasado. Del lado de los denunciantes: Edwin Dmiter Bianchi, teniente del Ejército de 23 años de edad, durante la época del Golpe de Estado, implicado en una primera tentativa de golpe contra Salvador Allende (el tranquetazo, que le costará la vida al periodista argentino Leonardo Henrichsen), el 29 de junio de 1973, y presente en el Estadio Chile durante el golpe del 11 de septiembre. Periodista independiente, Pascale Bonnefoy relató este infortunado período de la historia en un artículo fechado el 25 de mayo de 2006 y publicado en distintos medios de comunicación (leer el artículo). Celoso de su imagen, y también de su reputación, el ex teniente presentó una denuncia contra la autora por “difamación” y “calumnia”.

Memoria amputada. Ciertamente, todo ciudadano sin importar cuál sea su pasado puede recurrir a esta vía legal. Pascale Bonnefoy Miralles corre el peligro de una pena de tres a diez años de cárcel. Ante esta primera rareza con relación al principio de justicia se agrega otra, en el tratamiento preliminar del caso. “En la audiencia de preparación de juicio – en que ambas partes anuncian la evidencia documental y testimonial que presentarán en el juicio- yo presenté una lista de 10 testigos -  9 ex presos del estadio y el abogado querellante del caso de Víctor Jara. Los abogados de Dmiter reclamaron que era un número excesivo para ‘demostrar un mismo hecho’, explicó la periodista a Reporteros Sin Fronteras. “El juez accedió y me limitó a cuatro. Tuve que escoger en ese momento cuatro de los 10.”

Sorprendente, en efecto, si se considera que todos los testimonios son bienvenidos para contribuir como “prueba de la verdad del hecho difamatorio”, figura jurídica impuesta en este tipo de casos. En resumen, Pascale Bonnefoy tuvo que restringir sus medios de defensa para probar su buena fe y restablecer una verdad de interés público.

No, Chile no es decididamente Argentina, donde los jefes de la junta fueron juzgados únicamente dos años después del fin de la dictadura, a pesar de las leyes de amnistía posteriores, y anuladas después. El país ha rendido, tardíamente, homenaje a sus víctimas, pero no puede todavía decir nada de sus verdugos. En Argentina, las víctimas “desparecen”. En Chile, los fantasmas se organizaron y el consenso infeliz hizo el resto.  Una condena de Pascale Bonnefoy, a la víspera de esta presidencial, podría hacer definitivamente insostenible una memoria amputada, que viola el derecho de los chilenos a conocer su historia.

Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires y Alejandro Jiménez Susarte en Santiago de Chile)

Traducción de Israel Ayala.

Americagora – Reporters sans frontières

Le train des scrutins majeurs reprend en Amérique latine au tournant du trimestre.  Les élections présidentielles qui s’annoncent diront pour une bonne part ce qu’il advient de la vague des gauches portées au pouvoir lors des précédentes élections. Cette inconnue n’est pas la seule. A y regarder pays par pays, l’enjeu dépasse souvent et de loin le seul choix entre continuité et rupture à l’occasion d’un vote.

En Uruguay le 29 novembre et au Chili le 13 décembre, les figures émergentes retiennent davantage l’attention que les programmes et la partie n’est pas tout à fait gagnée. A l’est du Rio de la Plata, l’ancien tupamaro “Pepe” Mujica doit tenir son pari d’ancien guérillero identifié à Lula face aux appétits de revanche des blancos du Parti national. Il en va un peu de même au Chili où le jeune Enrique Marco Enríquez Ominami, fils du leader du MIR assassiné sous Pinochet, se réclame, lui de Barack Obama contre une droite sur le retour.

Le Brésil votera en octobre 2010 sur l’inventaire de l’héritage Lula alors que la Colombie, quelques mois plutôt, pourrait donner quitus à un troisième mandat, par principe controversé, d’Alvaro Uribe. Les élections se joueront aussi sur le dilemme d’un continent passé du règne interminable des dictateurs à la limitation drastique des mandats présidentiels qui ne laisse guère le temps d’agir. C’est, entre autres, pour résoudre la question que des projets constitutionnels ont vu le jour. Réussis – dans la douleur – ou contrariés, ils pèsent lourd dans la balance électorale… et sur l’humeur médiatique.

Appel au meutre.  En Bolivie, l’élection du 6 décembre s’annonce déjà chargée à tout point de vue. Premier indigène élu à la tête de l’État, l’aymara Evo Morales remet en jeu son propre symbole en même temps que la Constitution qu’il a fait adopter, au prix d’un débat explosif, le 25 janvier dernier par référendum. Sauvé de justesse par le Brésil et l’Union des nations sud-américaines après une année de menaces séparatistes et de batailles rangées militantes, l’homme de l’Altiplano va aussi pouvoir mesurer l’évolution de son image dans les médias. Promoteur de radios communautaires, d’un service public audiovisuel renforcé et même d’un quotidien d’État (Cambio), le locataire du Palacio Quemado traîne un lourd contentieux avec une presse à 80 % privée et souvent de mèche avec l’opposition. Officielle ou radicale.

Les charges éditoriales ont hélas dépassé plus d’une fois le seuil de la critique, certaines versant dans l’incitation à la haine raciale et l’appel au meurtre. En 2008 Santa Cruz, au plus fort des référendums autonomistes et des menaces de guerre civile, Radio Oriental et son propriétaire, Luis Arturo Mendivil, paraphrasaient Goebbels en incitant les milices locales à “en finir avec les faces de lama”[sic] et à plastiquer des médias publics comme Canal 7 ou Red Patria Nueva. Le geste fut souvent joint à la parole… Et la liberté de la presse a nettement souffert d’une situation où l’appartenance à un média se confond, pour des manifestants nerveux, à l’affiliation à un camp politique.

Après une année d’accalmie, la tension remonte, y compris par presse interposée. Le même réseau radiophonique Red Patria Nueva a subi une agression collective, le 9 novembre, suivie d’une suspension de plus de deux heures, toujours à Santa Cruz. A Cochabamba, une équipe de la chaine privée Unitepc a essuyé les foudres de militants rivaux.

Censure. Souhaitons bien du courage aux envoyés spéciaux des rédactions boliviennes comme à leurs collègues du Honduras. Car là, c’est la légitimité même d’un scrutin organisé par les putschistes du 28 juin qui promet une chaude ambiance de campagne. “Non au scrutin golpista”, “Candidats goriletti”, peut-on lire sur les murs déjà bien fournis de Tegucigalpa ou San Pedro Sula.  L’accord de sortie de crise du 29 octobre a fait long feu en une semaine. La restitution de Mel Zelaya, le président déchu, ressemble de plus en plus à une chimère mais le scrutin, voulu coûte que coûte par un gouvernement putschiste pressé de se refaire un visage démocratique, a reçu l’aval malheureux des Etats-Unis.

A cet égard, la campagne médiatique a payé. “Les médias dominants ont mis toute leur force dans la promotion de l’élection du 29 novembre”, nous confiait il y a peu le jésuite Ismaël Moreno, “Padre Melo”, directeur de la station régionale Radio Progreso, opposante au coup d’État et plusieurs fois militarisée et suspendue depuis. “Ils ont nié la réalité du coup d’État, avant de la noyer dans l’échéance de la future élection qui légalise en fait le Golpe.”

La logique du putsch se lit ou s’entend, depuis le 28 juin, sur la majorité des colonnes, des ondes et des écrans. Et pour cause. Les auteurs du coup d’État sont aussi principaux patrons de presse. Ainsi l’ancien président Carlos Flores Facussé, propriétaire du quotidien La Tribuna. Ainsi son successeur et prédécesseur de Mel Zelaya, Ricardo Maduro Joest, propriétaire du puissant groupe INVOSA qui détient notamment la très écoutée Radio Cadena Voces (RCV). Ainsi le magnat Jorge Canahuati Larach, proche du Parti national et propriétaire des quotidiens El Heraldo et La Prensa. Pour ces médias et parfois contre leurs propres journalistes obligés de se taire, il n’y a pas eu de coup d’État mais une “succession constitutionnelle” ou plus simplement un “28 juin”.

Rares sont les médias nationaux, comme Radio Globo, la chaîne Canal 36 ou le quotidien Diario Tiempo, à avoir rappelé l’évidence du putsch et milité contre.  Ces médias vont souffrir. Ils sont d’ailleurs sous le coup d’une demande de censure déposée par le commandement de la police auprès des autorités judiciaires. Quant aux journalistes couvrant les marches de la Resistencia pour des médias qui les ignorent, ils risquent de subir le feu croisé des forces de l’ordre et d’opposants radicalisés.

Résumons. Une élection contestée dans sa forme. Un vote sous contrôle d’une armée à la matraque facile. Un président mal élu et boudé par la communauté internationale. Des journalistes en danger. Les vieux démons latino-américains ont survécu aux années de guerre froide.

Benoît Hervieu, Bureau Amériques de Reporters sans frontières.

Photos: DR RSF.

Retrouvez ici les autres analyses de l’ONG RSF.

Americagora – Reporteros sin Fronteras

Cristina Kirchner no tiene muchos amigos en la prensa, en particular en la « grande ». Un día que se celebraban las conmemoraciones del 9 de julio, cuando todavía era senadora y Primera Dama, la futura Presidenta argentina calificó a los periodistas de « burros » e « ignorantes ». Era la época en que ya el grupo Clarín y La Nación, exasperaban a la Casa Rosada hasta el punto de que Néstor Kirchner se había negado a celebrar la más mínima conferencia de prensa durante su mandato. Por eso, Cristina Kirchner no partía como favorita con un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que esgrimió como la reforma embemática de su presidencia.

Licencias y fútbol. En realidad, lo que la Presidenta ha iniciado es una pequeña revolución al conseguir que el Congreso apruebe el texto, a pesar de la lógica hostilidad de la oposición y de los consorcios mediáticos, con Clarín a la cabeza, que ahora amenazan continuar el debate ante la justicia por « inconstitucionalidad ». Políticamente se trata de una victoria. Inapelable el 17 de septiembre en la Cámara de los Diputados (146 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones)  y después validada el 10 de octubre en el Senado, en idénticos términos (44 votos a favor, 24 en contra). Se argumentará que hay que pagar el precio de 200 modificaciones del proyecto inicial. Sin duda. El texto salido del hemiciclo, que la sociedad civil quería y había debatido, encaja a pesar de todo con las intenciones de sus promotores; porque el reto era doble.

Por una parte, la nueva ley SCA tenía que saldar la desafortunada herencia de la Ley de Radiodifusión del 15 de septiembre de 1980, la « 22.285 », aprobada en plena dictadura militar y que se mantuvo en vigor tras el regreso del país a la democracia en 1983. La nueva ley substituye – como ente de regulación – al COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que en principio agrupaba a dirigentes de empresas, funcionarios de Inteligencia y militares, por una Autoridad de Aplicación integrada por representantes de la clase política. Esa Autoridad, sometida al control del Congreso (otra novedad), tendrá que contar también con la opinión de un Consejo Multisectorial y Participativo, en el que participarán profesores universitarios, personalidades del mundo asociativo y de la sociedad civil y, naturalmente, representantes de la profesión. Un Consejo multisectorial que recuerda mucho al Consejo Honorario Consultivo instituido en Uruguay en 2007 a través de una ley inédita de medios comunitarios, capacitado para intervenir en la concesión y renovación de las frecuencias.

Indeseables y prácticamente inexistentes bajo los regímenes militares, estos nuevos medios de comunicación suponen ahora un gran reto político en el continente (leer también la crónica Reporteros sin Fronteras-Americagora del 16 de septiembre de 2009). Un poco a imagen y semejanza de la ley uruguaya de 2007 que les reserva un tercio del espacio audiovisual, la nueva legislación argentina concede un 33% a los medios sin ánimo de lucro. La antigua ley de 1980 no contemplaba esa figura pero había sido enmendada con condiciones, en dicho sentido, en 2005. Los medios más específicamente identificados como comunitarios tenían que conseguir su regularización aprovechando un cambio en las reglas de concesión de frecuencias, válidas para una duración de diez años frente a los quince anteriores.

Se trataba de dar barnices jurídicos a la dictadura. Los « imperativos de seguridad nacional», con cuya invocación el régimen militar pretendía pesar sobre los  contenidos difundidos, desaparecían totalmente con una nueva legislación que garantizaba la libertad de expresión, en conformidad con el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La ley SCA establece solo la obligación, como existe en otros países, de una cuota de producción audiovisual nacional en torno al 60%. Igualmente democratiza la retransmisión de los partidos de fútbol, « una cuestión de vida o muerte, e incluso mucho más importante » según la broma, que hasta ahora estaba esencialmente limitada a los canales por cable.

Revolución audiovisual. Democratización, pues, que no parecen reconocer los detractores de la ley Kirchner, algunos de los cuales no dudan en  equipararla a la ley de 1980, a la que sin embargo viene a reemplazar. Deshonesto e indecente, ese tipo de ataque juega sobre el otro reto que la SCA intentaba aceptar, y que no es el menor: reparar los perversos efectos de las enmiendas efectuadas a la ley de 1980 durante los anteriores gobiernos democráticos.

Puesto que, en la época en que se aprobó, la legislación del proceso suponía un cierto freno a la concentración de medios de comunicación prohibiendo, por ejemplo, que un grupo de prensa escrita poseyera al mismo tiempo una emisora de radio o un canal de televisión, o que más de veinte personas trabajaran dentro de la misma empresa radiofónica. Esas disposiciones, abolidas durante las presidencias de Alfonsín  y Menem, tuvieron la desastrosa consecuencia de favorecer una superconcentración de medios encarnada en el grupo Clarín, poseedor por sí solo de 264 licencias. Estableciendo la prohibición de oligopolios y monopolios mediáticos, la ley SCA limita a 10 el número de frecuencias de radio abiertas (hertzianas) que pueden concederse a un mismo grupo, frente a las 24 anteriores. La misma disposición se aplica a la televisión, hertziana y por cable; un mismo grupo ya no puede ser a la vez, en la misma localidad,  concesionario de un canal abierto y propietario de una empresa de producción y distribución televisual por cable. Además, un  concesionario ya no podrá disponer de más de una licencia de servicio de comunicación audiovisual en soporte satélite, y un operador ya no tendrá derecho legal a ofrecer sus servicios a más del 35% de la población, o de la totalidad del público abonado.

Al final, con las nuevas cláusulas y los vencimientos de frecuencias, Clarín tendría que ceder algunos canales como Multicanal o Cablevisión si quiere conservar otros como Canal 13 (hertziano) y Todo Noticias (por cable). En total, el grupo podría perder 234 de sus licencias de emisión… siempre y cuando fracase en la ofensiva jurídica que se dispone a emprender – junto con otros – contra la ley Kirchner.

Digámoslo. Esta ley era necesaria y es valiente, teniendo en cuenta los medios de presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas. La pequeña revolución audiovisual de Cristina Kirchner bien podría encontrar eco en otros países de la región, como Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde la búsqueda de un equilibrio mediático se ha traducido más en la promoción de una nueva prensa pública o comunitaria. Por el contrario, un desesperante statu quo impera en Chile donde algunos proyectos de legislación, comparables a los aprobados en Uruguay y Argentina, llevan dos años durmiendo en los cajones del Congreso.

Es cierto que, sin duda, el gobierno argentino habría podido evitar añadir la afrenta a la audacia enviando, el 10 de septiembre, un centenar de funcionarios a la sede del grupo Clarín, para efectuar una  dura «auditoría». Hay quien en ese episodio ha creído ver una muestra del enérgico carácter de la Presidenta.  Cristina Kirchner no es la única, entre sus homólogos latinoamericanos, que exaspera a la maquinaria mediática. Sin embargo su ley, cuando no ella misma, evita la trampa en la que algunos están a veces a punto de caer: confundir la reforma del paisaje mediático con la de la práctica del periodismo.

Benoît Hervieu y Bérengère Ruet, Oficina Américas de Reporteros sin Fronteras (Con Emiliano Gullo en Buenos Aires).

Foto: © Denise Mayumi

Americagora – Reporters sans frontières

Cristina Kirchner n’a pas que des amis dans la presse, et en particulier la « grande ». Un jour de commémorations du 9 juillet, lorsqu’elle était encore sénatrice et Première dame, la future présidente argentine avait traité les journalistes d’ « ânes » et d’ « ignorants ». C’était l’époque où Clarín et son concurrent La Nación agaçaient déjà la Casa Rosada, au point que Néstor Kirchner avait refusé d’y donner la moindre conférence de presse durant son mandat. Cristina Kirchner ne partait donc pas favorite avec un projet de loi de services de communication audiovisuelle (SCA) qu’elle a érigé en réforme-phare de sa présidence.

Licences et football. En réalité, c’est une petite révolution qu’a engagée la présidente en obtenant l’approbation du texte par le Congrès, malgré l’hostilité logique de l’opposition et des consortiums médiatiques, Clarín en tête, qui menacent aujourd’hui de poursuivre les débats en justice pour « inconstitutionnalité ». Politiquement, la victoire est acquise. Elle aura été sans appel à la Chambre des députés (146 voix pour, 3 contre et 3 abstentions), le 17 septembre, avant une validation en termes identiques au Sénat (44 voix pour, 24 contre), le 10 octobre. Au prix de 200 modifications du projet initial, rétorquera-t-on. Sans doute. Le texte sorti de l’hémicycle, voulu et débattu par la société civile, cadre malgré tout avec les intentions de ses promoteurs, pour qui l’enjeu était double.

La nouvelle loi SCA devait, d’une part, solder le fâcheux héritage de la loi de radiodiffusion du 15 septembre 1980, la « 22.285 », adoptée en pleine dictature militaire mais restée en vigueur après le retour du pays à la démocratie en 1983. Au COMFER (Comité fédéral de radiodiffusion), qui intégrait à l’origine des dirigeants d’entreprises, des fonctionnaires du renseignement et des militaires, la nouvelle loi substitue – en tant qu’organisme régulateur – une Autorité d’application, constituée de représentants de la classe politique. Cette autorité, soumise au contrôle du Congrès (autre nouveauté), devra aussi compter avec l’avis d’un Conseil multisectoriel et participatif réunissant des universitaires, des personnalités du monde associatif et de la société civile et, bien sûr, des représentants de la profession. Ce Conseil multisectoriel n’est pas sans rappeler le Conseil honoraire consultatif institué en 2007 en Uruguay par une loi inédite sur les médias communautaires, et habilité à intervenir dans l’attribution et le renouvellement des fréquences.

Indésirables et quasi-inexistants sous les régimes militaires, ces nouveaux médias représentent aujourd’hui un défi politique majeur sur le continent (lire aussi la chronique Reporters sans frontières-Americagora du 16 septembre 2009). Un peu à l’image de la loi uruguayenne de 2007 leur réservant un tiers de l’espace audiovisuel, la nouvelle législation argentine en concède 33 % aux médias sans but lucratif. L’ancienne loi de 1980 ne prévoyait pas un tel cas de figure, mais elle avait été amendée en ce sens, sous condition, en 2005. Les médias plus spécifiquement identifiés comme communautaires devraient obtenir leur régularisation à la faveur d’un changement de règle dans l’octroi des fréquences, valables pour une durée de dix ans, contre quinze auparavant.

C’en est fait des oripeaux juridiques de la dictature. Les « impératifs de sécurité nationale », aux moyens desquels le régime militaire prétendait peser sur les contenus diffusés, disparaissent totalement avec une nouvelle législation garantissant la liberté d’expression, conforme à l’article 13 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme. La loi SCA fait seulement obligation, comme dans d’autres pays, à un quota de production audiovisuelle nationale à hauteur de 60 %. Elle démocratise également la retransmission des matchs de football, « une question de vie ou de mort et même bien plus importante » selon la boutade, jusque-là limitée pour l’essentiel aux chaînes câblées.

Démocratisation, donc, que ne semblent pas reconnaître les détracteurs de la loi Kirchner, certains n’hésitant pas à l’assimiler à la loi de 1980 qu’elle remplace pourtant. Malhonnête et indécente, cette attaque joue sur l’autre défi que la SCA entendait relever et qui n’est pas le moindre : réparer les effets pervers des amendements apportés à la loi de 1980 sous les précédents gouvernements démocratiques.

Car la législation du proceso posait, à l’époque de son adoption, un certain frein à la concentration des médias, interdisant, par exemple, à un groupe de presse écrite de posséder en même temps une station de radio ou une chaîne de télévision, ou à plus de vingt personnes de travailler au sein de la même entreprise radiophonique. Ces dispositions, abrogées lors des présidences Alfonsín et Menem, ont eu pour fâcheuse conséquence de favoriser une surconcentration des médias incarnée par le groupe Clarín, détenteur à lui seul de 264 licences. Frappant d’interdiction les oligopoles et monopoles médiatiques, la loi SCA limite à 10 le nombre de fréquences radio ouvertes (hertziennes) susceptibles d’être concédées à un même groupe contre 24 auparavant. La même disposition s’applique à la télévision, hertzienne et câblée, un même groupe ne pouvant plus être à la fois concessionnaire d’une chaîne hertzienne et propriétaire d’une entreprise de production et de distribution télévisuelles du câble au sein de la même localité. En outre, un même concessionnaire ne pourra plus détenir plus d’une licence de service de communication audiovisuelle sur support satellite, et un même opérateur n’aura légalement plus le droit de proposer ses services à plus de 35 % de la population ou de l’ensemble du public abonné.

Révolution audiovisuelle. A terme, du fait des nouvelles clauses et des expirations de fréquences, Clarín pourrait avoir à céder certaines chaînes comme Multicanal ou Cablevisión s’il veut en conserver d’autres comme Canal 13 (hertzien) et Todo Noticias (câblée). Au total, le groupe pourrait perdre 234 de ses licences de diffusion… s’il échoue dans l’offensive juridique qu’il s’apprête à lancer – avec d’autres – contre la loi Kirchner.

Disons-le. Cette loi était nécessaire et courageuse compte tenu des moyens de pression de groupes de presse peu partageurs. La petite révolution audiovisuelle de Cristina Kirchner pourrait bien trouver de l’écho dans d’autres pays de la région où la recherche d’un équilibre médiatique s’est traduite davantage par la promotion d’une nouvelle presse publique ou communautaire, comme en Équateur, en Bolivie et au Paraguay. A l’inverse, un statu quo désespérant règne au Chili où des projets de législation, comparables à ceux votés en Uruguay et en Argentine, dorment dans les tiroirs du Congrès depuis deux ans.

Certes, le gouvernement argentin aurait sans doute pu éviter d’ajouter l’affront à l’audace, en dépêchant, le 10 septembre, une centaine de fonctionnaires au siège du groupe Clarín pour un « audit » musclé. D’aucuns ont reconnu à travers cet épisode le caractère trempé de la présidente. Cristina Kirchner n’est pas seule parmi ses homologues latino-américains à s’exaspérer de la machine médiatique. Sa loi, sinon elle, évite cependant le piège dans lequel certains manquent parfois de tomber : confondre la réforme du paysage médiatique et celle de la pratique du journalisme.

Benoît Hervieu et Bérengère Ruet, Bureau Amériques de Reporters sans frontières

(Avec Emiliano Gullo à Buenos Aires)

Photo: © Denise Mayumi.

C’est un documentaire unique, par son sujet, sa méthode narrative et son cheminement jusqu’aux écrans, qui sort ce 30 septembre dans les salles de cinéma en France. Une œuvre dont l’auteur aura été, d’une certaine manière, la victime. Véritable immersion dans l’univers des « Maras », ces bandes de jeunes ultraviolentes qui sévissent du sud des États-Unis à l’Amérique centrale, « La Vida Loca » vient au public hexagonal un mois à peine après l’assassinat de Christian Poveda, le 2 septembre dernier dans la banlieue de San Salvador.
Photographe franco-espagnol habitué des zones de conflits et de terreurs, Christian Poveda avait décidé, en 2003, de retourner dans ce Salvador qu’il avait couvert du temps de la guerre civile, entre 1980 et 1992, et consacrer seize mois de tournage à ces tribus du crime sans équivalents dans d’autres régions du monde.

Attentif au sens moral sans jamais céder à la complaisance, l’œil du cinéaste n’emprunte pas non plus la distance classique de l’observateur censé délivrer une information. « La Vida Loca » n’est pas un reportage. Sans commentaire ni interview face caméra, le film laisse ses jeunes, très jeunes, acteurs alterner entre deux récits qu’ils se font à eux-mêmes de leur appartenance au gang et de l’apparente impossibilité d’en sortir. « La vie folle » relatée par Christian Poveda est cette intenable périphérie de la vie qui se lit dans le montage du film.

« Mareros » pour la société qui les craint et les pourchasse, ils laissent deviner l’individu qu’ils auraient pu être quand ils tentent de se réparer. Mais se réparer n’est pas s’échapper. Une fille cherche sa mère biologique ? Elle déclare au téléphone à sa sœur qu’elle est une « pandillera » (membre de gang) comme une étudiante se réjouirait d’avoir décroché un boulot d’été. Ils prient l’ami ou le frère tué la veille par la Salvatrucha, l’autre « Mara » rivale de la « 18 » dont il font partie ? Les paroles de « vie » et de « rédemption » répétées dans le sillage d’un prédicateur se noient dans les signaux et les serments de vengeance. Tant que l’on croit au ciel que reste-t-il à prier ici-bas? « Ils n’avaient pas de couilles, la Salvatrucha. Ils nous ont laissés la vie sauve alors qu’ils avaient des flingues et pas nous ! ». Le « Marero » ne se conçoit lui-même qu’en tuant ou en étant tué. Le geste, fatal et soudain, est gravé dans sa tête comme le tatouage dans sa chair. « Je tue donc je suis ». Et gare au malheureux qui déroge à la règle initiatique de la « Maras ». Il l’intégrera tout de même sous le tatouage du paria.

Les femmes, des mareros comme les autres. Suivant ce mouvement de balancier perpétuel entre l’ad intra du gang et ses « dehors » sans horizon – prison, répression, oraisons funèbres, retour à soi sans issue réelle -, le film de Christian Poveda est parfois scandé par quelques détonations soudaines sur un écran noir. Le garçon ou la fille du plan précédent. Une vie quittée si tôt… ou miraculeusement tard, quand on est « marero ». Mais Christian Poveda ne renonce pas à la vie. Elle est bien là, dans toute sa folie, « cette histoire racontée par un fou », lorsqu’une « pandillera » reproche à son petit ami « d’être mort, ce con ! », ou qu’une autre donne le sein à son bébé les menottes aux poignets.

La féminité à l’abri du crime n’est plus de saison dans « La Vida Loca ». Les femmes sont des « mareros » presque comme les autres, donnant la vie en même temps que la mort. A ce trouble s’ajoute celui d’un montage habile et terriblement pessimiste, qui situe dans le film un semblant de vie normale bien en amont d’une séance d’intégration au gang. « La Vida Loca » s’attarde longuement sur cette boulangerie de quartier confiée à l’entière responsabilité de la « Mara 18 » sous le parrainage d’une ONG. Plus tard, l’humeur n’est plus aux bonnes œuvres et la caméra semble plonger au sol avec le garçon de onze ans obligé de subir les 18 minutes de tabassage qui feront de lui un « dieciochero ».

Qui a tué Poveda et pourquoi ? Le destin de Christian Poveda, si lié à son œuvre, transparaît dans cette image-là. La « 18 » reste la « 18 » et elle tolère mal la mise à nu. Le gang a-t-il soupçonné absurdement Christian Poveda d’avoir « donné » certains de ses chefs à la police ? La « Mara » a-t-elle cherché à récupérer sa commission sur une copie piratée du film et rapidement mise en circulation pour un dollar ? A-t-elle exigé à Christian Poveda son dû contre la sécurité d’un collègue journaliste français qui souhait consacrer un reportage aux filles de la « 18 » ? Les hypothèses se multiplient, mais l’entourage professionnel du cinéaste en avance une autre, aussi terrible que plausible.

La « Mara » aurait tout simplement craint de perdre sa réputation pour prix de cette « humanité malgré tout » de ses membres, celle que Christian Poveda saisit et restitue dans son film. Avant d’être les gangsters aux méthodes les plus extrêmes, nous rappelle Christian Poveda, les « mareros » sont des jeunes abandonnés, désocialisés et précipités dans ce besoin d’exister vite et fort qui les dépasse. « Je tue donc je suis »… Si j’échappe aux balles de la police ou de l’armée, un autre « marero » trouvera sa raison d’être en me tuant. Christian Poveda a, paraît-il, imploré la vie sauve à ses assassins. Il n’a pas pu infléchir, ne serait-ce qu’un instant, le cours de cette « Vida Loca ». Or sans Christian Poveda, combien serions-nous à ignorer encore cette face de l’humanité, et cette interface de l’humain, qui nous engage en tant qu’hommes ?

La bande annonce du documentaire:

Benoît HERVIEU, bureau Amériques de Reporters sans frontières

Photo: Capture d’écran Youtube.

Están en las ondas radiofónicas, primero en una frecuencia y luego en otra, desaparecen un rato cuando las autoridades decomisan sus equipamientos, y vuelven a nacer gracias al bricolaje de sus oyentes. Es imposible evaluar el número de medios de comunicación comunitarios en América Latina, donde nacieron muchas radios alternativas (y hasta algunas cadenas locales de televisión) que se convirtieron en rompecabezas para los juristas y los servicios de telecomunicación en la región.

Esos medios nacieron al final de los años 1940, cuando unos mineros bolivianos decidieron hablar de sus problemas. Al toque, les imitaron algunos campesinos colombianos. Hoy en día, que la comunicación y sus retos se han desarrollado, las radios comunitarias se convirtieron no solamente en una herramienta de difusión, sino también en una señal de existencia para varias comunidades, ya sean grupos militantes, religiosos, o muchas veces comunidades indígenas.

Estos medios son apoyados por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) cuya división latinoamericana, fundada en 1990, cuenta con 18 representaciones nacionales y una red de 400 radios afiliadas, aunque estas cifras queden muy debajo del verdadero número de pequeñas radios censadas.

Se trataría de 4000 radios en Perú, unas 2000 en Bolivia donde son cada vez más numerosas gracias al apoyo del gobierno de Evo Morales y de una Carta Magna en la cual se reconoce su existencia. Serían 8000 en Brasil, donde varios órganos de observación de la libertad de la prensa indican que 2000 radios se crean cada mes, o sea tantas como las que tienen que dejar de emitir debido a la falta de una frecuencia legal de difusión.

Desde América Central hasta el Cono Sur, desde el Caribe hasta los Andes, incluyendo México y Brasil, las radios comunitarias ya constituyen un desafío político en un subcontinente donde el problema de distribución de las frecuencias se ha vuelto comparable con otro, todavía perceptible : la reforma agraria.

Casi un monopolio. Desde un enfoque jurídico, la Convención Interamericana de Derechos Humanos impone la creación de un espacio mediático para la promoción de las culturas minoritarias en su artículo número 13. Sin embargo, muy pocos estados respetan ese compromiso. Fiel a las desigualdades sociales que han formado su imagen social, América Latina todavia tiene un nivel alto de concentración de los grandes grupos mediáticos con los ámbitos políticos y la oligarquía económica : Copesa y El Mercurio en Chile, Clarín en Argentina, Globo en Brasil, Ardila Lulle y Santodomingo en Colombia tienen mucho que perder en caso de un cambio profundo del espacio audiovisual.

Francisco Martorell, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile, evalúa en un 70% la tasa de radios nacionales controladas principalmente por el grupo empresarial español Prisa, propietario del diario El País. El ejemplo de Chile, donde las dos grandes entidades mediáticas nacionales –Copesa y El Mercurio- ganan por sus propias cuentas cinco milliones de dólares cada año gracias a los anuncios oficiales, es relevante para entender la amplitud del obstáculo económico que existe también en los paises vecinos y contra el cual chocan los grupos comunitarios.

Por supuesto, es imposible atribuir una frecuencia para cada radio. Pero, tampoco se puede ignorar la necesidad del pluralismo y de la circulación libre de las ideas y las opiniones. Desgraciadamente, la respuesta de los gobiernos depende de cada país.

En México, donde ninguna frecuencia fue otorgada desde que los mexicanos eligieron a Felipe Calderón, en diciembre del 2006, las radios comunitarias siguen siendo consideradas como criminales. La ofensiva lanzada contra el narcotráfico, cuando prestó juramento el presidente, dio lugar a ciertas formas de represión contra algunas comunidades y sus medios. El 29 de enero del 2009, unos cien militares asaltaron una comunidad indígena « purépecha » en el estado de Michoacán, con el propósito de confiscar los equipos de Radio Uékakua (que significa “La favorita” en el idioma local).

Esta pequeña radio había solicitado una autorización para emitir desde el año 2002. « Nos han amenazado, daba la impresión que nos asediaban. Hasta movilizaron a un joven para cuidar los equipos. Cuando no ponía atención, lo castigaban», según nos confió Rosa Cruz Rosas, presentadora y gerente de Uékakua, con la ayuda de un intérprete, durante una misión en México. Desde entonces fue convocada por la policía durante el mes de junio, supuestamente para restituirle el material de la radio, pero de hecho era una trampa para inculparla por violación de la Ley Federal de los Bienes.

Primera víctima del golpe de estado en Honduras. Una acusación semejante, combinada con la amenaza de estar encarcelado, concierne a Héctor Camero, de la radio “Tierra y Libertad”, basada en Monterrey. « Es precisamente porque denunciamos los abusos de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico que somos tratados como si fuéramos los cómplices de los cárteles o de los guerrilleros, y que por fin nos castigan », explicó Genoveva Heredia López, de la radio indígena Radio Uandarhi, que tiene derecho a emitir.

En Colombia, el castigo contra las radios comunitarias de la región de Arauca, tomó la forma de interferencias difundidas durante la difusión de algunos programas, en una intervencion militar del año 2008. En Brasil, para obtener una frecuencia hay que proponer más dinero que los competidores en cada estado donde las familias de políticos poderosos-José Sarney en la región de Amapa o Fernando Collor en Alagoas, por ejemplo- construyen grupos de prensa. Por fin, en Honduras, el golpe de estado del 28 de junio del 2009 apuntó de entrada a Radio Progreso, una radio comunitaria fundada por los Jesuitas. Invadida por unos veinte militares, varias veces privadas de emitir, esta radio educativa tuvo el valor de exponerse a represalias contando las consecuencias del putsch en las provincias. El gobierno ilegítimo de Honduras la quiere prohibir.

En Bolivia, en Ecuador y en Argentina, donde una nueva ley de radiodifusion amenaza Clarín, el apoyo reservado a las radios comunitarias corresponde a una voluntad política de ir en contra de la concentración de los medios, que generalmente favorece el desarrollo de una prensa en contra de los recientes gobiernos de izquierda. Al contrario  de esos tres países que respetan la indepedencia mediática, Venezuela dejó de tomarla en consideración, y el gobierno venezolano confunde a menudo la palabra comunitaria y el militantismo bolivariano.

¿Comunitario o propagandista? En un contexto de guerra mediática, en el cual las frecuencias de emisión se han convertido en puntos estratégicos para Hugo Chávez, la distribución de éstas a grupos comunitarios permitió esconder la voluntad política puesta en marcha cuando Chávez revocó unas 34 licencias de difusión radiofónica en agosto del 2009. Se esperan 29 más. « Esa exageración viene del uso de la etiqueta comunitaria para medios de propaganda », se queja un delegado venezolano de la AMARC.

La respuesta más equilibrada a este nuevo desafío mediático, la encontramos en Uruguay. La nueva legislación promulgada en 2007 y elaborada con la colaboración de la sociedad civil reserva un tercio del espacio audiovisual a las 200 radios comunitarias uruguayas. Convalidadas por un certificado – sin ánimo de lucro, territorio limitado y ausencia de propaganda política o religiosa – las pequeñas radios obtienen sus licencias a través de un « concurso abierto, público y transparente ». También la ley instauró un Consejo Honorario Consultivo, formado por respresantantes del estado, y de los ámbitos asociativo y universitario, cuya misión es interceder en el proceso de atribución y reconducción de las licencias.

Este dispositivo uruguayo inspiró en cierta medida la nueva Ley Argentina de Radiodifusión , discutida por el momento en el Congreso Federal. También se parece a un proyecto de  ley chileno entregado al Parlamento en octubre del 2007. El reconocimiento de los medios comunitarios de América Latina probablamente demorará mucho tiempo. También deberá ser doloroso, si la legislación se acompaña de una selección pendiente de las frecuencias disponibles. Por lo tanto, las radios comunitarias ilegales y/o clandestinas, que siempre consiguen escaparse de las manos de las autoridades latinomaericanas, no desaparecerán.

Benoît HERVIEU, despacho “Américas” de la ONG Reporteros Sin Fronteras.

Traducción: Thomas GAYET

Elles se glissent sur les ondes, passent par une fréquence, repassent par une autre, disparaissent le temps d’une confiscation d’équipement puis renaissent grâce aux talents en bricolage de leurs auditeurs. Impossible de donner une estimation du nombre de médias communautaires sur le continent latino-américain, berceau de ses radios (parfois quelques chaînes locales) alternatives devenues au tournant des années 90 un véritable casse-tête pour le législateur et les services de télécommunication de ces pays.

La genèse de ces médias se situe à la fin des années 40, quand des mineurs boliviens décide de donner de la voix, bientôt suivis par des paysans colombiens. A l’heure où la communication et ses enjeux ont pris une autre envergure, les radios communautaires sont devenus non seulement un outil de diffusion, mais bien plus une marque identitaire pour des communautés de base, des collectifs militants, parfois des groupes religieux et très souvent des minorités indigènes.

Elles disposent d’un relais crucial avec l’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), dont la branche latino-américaine, fondée en 1990, compte pas moins de dix-huit représentations nationales et 400 réseaux d’organisations affiliées, encore bien en deçà de la myriade de petites antennes.

Elles seraient 4 000 au Pérou, moitié moins en Bolivie où leur nombre va croissant avec l’appui du gouvernement d’Evo Morales et une nouvelle Constitution qui reconnaît leur existence. Elles seraient plus de 8 000 au Brésil où différents observatoires de la liberté de la presse note qu’ils s’en créent chaque mois environ 2 000, soit autant que de fermées de force pendant une période équivalente pour défaut de fréquence légale.

De l’Amérique centrale au Cône Sud, de la Caraïbe aux Andes, en passant par le Mexique et le Brésil, les radios communautaires constituent désormais un enjeu politique sur un continent où le problème de la répartition des fréquences se laisse aujourd’hui comparer à celui, éternel et toujours sensible, de la réforme agraire.

Quasi monopole. Juridiquement, la convention interaméricaine des droits de l’homme, dans son article 13, fait obligation à un espace, médiatique compris, de promotion des cultures minoritaires. Or, minoritaires sont les États à respecter ce principe. A l’image des inégalités sociales qui la caractérise, l’Amérique latine se distingue toujours par une concentration de grands médias traditionnellement liés au centre de pouvoir et à l’oligarchie économique. Groupes Copesa et El Mercurio au Chili, Clarín en situation de quasi-monopole en Argentine, Globo au Brésil, Ardila Lulle et Santodomingo en Colombie n’ont guère intérêt à une refonte du paysage audiovisuel.

Francisco Martorell, vice-président du Collège des journalistes du Chili, évaluait même à 70 % les médias radiophoniques du pays sous actionnariat principal du groupe de presse espagnol Prisa, propriétaire du quotidien El País. L’exemple du Chili où les deux grandes entités médiatiques nationales – Copesa et El Mercurio – bénéficient à elle seules de 5 millions de dollars annuels en publicité officielle, donne aussi une idée de l’obstacle économique, valable dans les pays voisins et au-delà, auquel se heurte les « communautaires ».

Impossible donc, d’attribuer plus de fréquences qu’il n’y a de radios. Impossible, néanmoins, d’ignorer l’exigence de pluralisme et de libre circulation des idées et des opinions. Hélas, la réponse des gouvernements au problème varie du tout au tout selon les pays.

Au Mexique, où plus aucune concession de fréquence n’a été octroyée depuis le début de la présidence de Felipe Calderón, en décembre 2006, la criminalisation des radios communautaires reste de mise. L’offensive contre le narcotrafic, lancée dans la foulée de l’investiture présidentielle, offre aussi l’opportunité des représailles contre certaines communautés et leur média. Le 29 janvier 2009, une centaine de militaires a assailli une communauté indigène « purépecha », dans l’État du Michoacán, afin de confisquer les équipements de Radio Uékakua (« la préférée » en langue locale).

La petite station a pourtant sollicité une autorisation à émettre depuis 2002. « Ils nous ont menacés, c’était un véritable siège. Ils ont même réquisitionné un jeune pour surveiller les équipements. En cas d’inattention, ils le punissaient pour l’exemple », nous confiait, aidée d’un interprète, Rosa Cruz Rosas, la présentatrice et gérante d’Uékakua, lors d’une récente mission au Mexique. Une convocation de l’intéressée par la police, au mois de juin, pour une soi-disant restitution de matériel était en fait un piège destiné à l’inculper de violation de la loi fédérale sur les biens.

Première victime du coup d’Etat au Honduras. Cette même accusation, assortie d’une menace d’emprisonnement, cible depuis la même époque Héctor Camero, de la radio Tierra y Libertad, basée à Monterrey. « C’est parce que nous dénonçons les abus des autorités dans la lutte contre le narcotrafic qu’on nous traite de complices des cartels ou de guérilleros, et que nous sommes punis », expliquait Genoveva Heredia López, de la station indigène Radio Uandárhi, habilitée, elle, à diffuser ses programmes.

En Colombie, la punition contre des radios communautaires du département d’Arauca, dans le cadre d’une opération militaire en 2008, a aussi pris la forme de brouillages d’émission. Au Brésil, la concession de fréquence va au plus offrant au sein des États, où les familles d’hommes politiques puissants – José Sarney dans l’Amapá ou Fernando Collor dans l’Alagoas – se taillent des groupes de presse sur mesure. Enfin, au Honduras, le coup d’État du 28 juin 2009 a d’emblée fait une victime dans les rangs médiatiques communautaires : Radio Progreso, fondée par les jésuites. Envahie par une vingtaine de militaires, et plusieurs fois suspendues, la station éducative s’est courageusement exposée en relatant les conséquences du putsch en province. Le gouvernement de facto cherche encore à la faire taire.

En Bolivie, en Équateur et en Argentine, où une nouvelle loi de radiodiffusion pourrait bientôt bouleverser l’édifice Clarín, la promotion de radios communautaires répond justement à l’objectif politique de déconcentration des médias, contre une presse traditionnelle virulente envers de jeunes gouvernements issus de la gauche. La contrepartie de respect de l’indépendance de ces médias, globalement tenue dans ces trois pays, n’existe guère au Venezuela où le gouvernement confond volontiers le « communautaire » et le militantisme bolivarien.

Communautaire ou propagandistes ? Dans un contexte de « guerre médiatique » où les fréquences sont devenues pour Hugo Chávez autant de points stratégiques à prendre, la redistribution à des entités communautaires a servi de prétexte à la révocation de 34 licences de diffusion radiophoniques en août 2009. Vingt-neuf autres devraient suivre. « La dérive tient à l’utilisation du label communautaire par des médias de propagande », se plaint un délégué vénézuélien de l’AMARC.

La réponse la plus équilibrée à ce nouvel enjeu médiatique vient pour l’heure d’Uruguay. Promulguée à la fin de l’année 2007, élaborée avec le concours de la société civile, une nouvelle législation réserve désormais un tiers de l’espace audiovisuel aux radios communautaires, estimées à environ 200 dans le pays.  Bénéficiant d’une certification – but non-lucratif, territoire circonscrit et absence de prosélytisme politique et religieux – les petites stations obtiennent leur licence « par concours ouverts, publics et transparents ». La loi a également instauré un Conseil honoraire consultatif, constitué de représentants de l’État, du monde associatif et du milieu universitaire, chargé d’intervenir dans l’attribution et la reconduction des autorisations à émettre.

Le dispositif uruguayen a partiellement inspiré la nouvelle loi argentine de radiodiffusion, actuellement discutée au Congrès fédéral. Il se retrouve pour une part dans un projet de loi déposé au Parlement chilien… depuis octobre 2007. La reconnaissance des médias communautaires sur leur premier continent d’implantation risque d’être longue. Douloureuse aussi, si leur légalisation rime avec leur sélection selon les fréquences disponibles. Les radios communautaires illégales ou clandestines, furets de l’audiovisuel latino-américain, n’auront pas disparu d’ici là. Voire même après.

Benoît HERVIEU, bureau Amériques de Reporters sans frontières