El asunto de Honduras lo creíamos ya terminado. Liquidado, este golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que algunos trataron de presentar como una “sucesión presidencial” (leer aquí la crónica de Americagora-RSF del 18 de noviembre de 2009). Las elecciones del 29 de noviembre tuvieron lugar para ver el cambio democrático después de cinco largos meses de represión, de batida a la Resistencia, y de suspensiones continuas de los medios de comunicación de oposición.

La investidura presidencial de Porfirio Lobo Sosa, propulsada políticamente a favor del golpe de Estado, hizo el resto el 27 de enero pasado. ¿El resto? Mejor dicho la continuación de cinco meses de calvario. Quince días después del controvertido escrutinio, el 13 de diciembre de 2009, el joven defensor de los derechos humanos y militante de la causa gay Walter Tróchez fue secuestrado y asesinado en Tegucigalpa.  Lo mismo había sucedido nueve meses atrás, en otro secuestro producto de amenazas dirigidas en su calidad de opositor.

Durante este tiempo, las fuerzas del orden reanudaban el asalto y la incautación de los equipos contra Radio Globo, Canal 36, Radio Uno e incluso contra la redacción del periódico en línea El Libertador, es decir, tantos medios en el colimador desde el golpe de Estado que ellos mismos habían condenado. Y también en la línea de mira, las radios comunitarias –en un mal estatuto bajo el seno de una legislación hondureña que las ignora– no han parado de sufrir. Sobre todo cuando combaten, además del golpe de Estado, lucrativos proyectos de bienes raíces ubicados en tierras ancestrales.

En la costa atlántica, la estación de radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) de los Garifunas, hondureños de ascendencia africana, fue destruida por un incendio el 6 de enero. Gracias a la ayuda de organizaciones internacionales, afortunadamente pudo reanudar sus programas desde entonces.

¿La investidura iba a dar la ilusión de un “regreso a la normalidad”? La respuesta vino durante el mes de marzo cuando tres periodistas fueron asesinados en menos de quince días en emboscadas carreteras, uno en Tegucigalpa y los otros dos en la costa caribeña. En la capital, el atentado que le costó la vida a Joseph Ochoa, de la cadena privada Canal 51, tenía como objetivo aparentemente a su colega Karol Cabrera, reconocida, entre otras cosas, por su apoyo radical al golpe de Estado. Nueve días después, David Meza Monteinos murió bajo las balas en La Ceiba, en una región fuertemente expuesta al narcotráfico,  y quien dijo que tuvo que soportar muchas amenazas. Finalmente, el 14 de marzo, Nahúm Palacios, de la pequeña cadena local Televisora del Aguán-Canal 5, agregó su nombre a la hecatombe.

La conmoción suscitada por este último asunto, mostrada por una manifestación unánime de toda la profesión, disimuló las heridas todavía dejadas por el golpe de Estado.  A pesar de algunas excepciones, ningún medio de comunicación recordó que la víctima militaba en la Resistencia, que recibía amenazas porque “tomaba la defensa de los pobres”, y que sufría de brutalidades recurrentes infligidas por militares. Ninguna línea sobre este punto figura tampoco en el periódico Diario Tiempo, el único de los cuatro periódicos de gran tirada del país que no apoyó el golpe del 28 de junio. ¿Por falta de espacio o por miedo? Si el golpe de Estado está oficialmente sometido a nivel institucional, éste continúa en el terreno mediático. Y más allá.

La impunidad reina. Acaba incluso de beneficiar con una prima significativa, el 8 de marzo, al general Romeo Vásquez Velásquez, quien está a la cabeza de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel. Una amnistía por la promoción, para un alto suboficial oportunamente retirado de los cuarteles después del 29 de noviembre, y bajo la orden de que la armada habría participado hasta el punto de bloquear las comunicaciones satelitales de los medios extranjeros mientras Manuel Zelaya era desplazado por la fuerza el 28 de junio.

El golpe de Estado no ha terminado. Y sus consecuencias colocan a Honduras, en este comienzo de 2010, en el poco envidiable segundo lugar de los países más mortales del continente, después de México y Colombia.

En México, los cuatro periodistas, pueden ser cinco, asesinados desde el primero de enero pesan aparentemente poco contra los diecinueve mil muertos de la ofensiva contra el narcotráfico, lanzada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón. Los comportamientos de la policía y la armada, bajo fuertes sospechas de infiltración por parte del crimen organizado, en particular, contra una prensa muy curiosa, se distinguen a veces pocas represalias de los narcotraficantes. Entregado a una guerra que no dice su nombre, y en la que el tema está igualmente suspendido a la voluntad política de los Estados Unidos en materia del control de las armas, el país afronta hoy una misma pregunta fundamental que Honduras después del golpe. ¿Qué queda del Estado de derecho? ¿Qué valor para la Constitución y las libertades fundamentales, allí donde la impunidad se ha convertido en la regla con el aval mismo de las autoridades?

Los móviles invocados por las autoridades mexicanas en dos recientes asesinatos de periodistas se prestarían a la risa si la situación fuera otra. La muerte del director del periódico local Jorge Ochoa Martínez, acaecido en el Estado de Guerreo en enero pasado, tendría por origen un “intercambio verbal luego de un conflicto en un embotellamiento carretero”. En cuanto al periodista de radio Jorge Rabago Valdez, fallecido el 2 de marzo en Reynosa en el estado de Tamaulipas –otra Ciudad Juárez–, habría sido víctima de “desvanecimiento” y de “coma diabético”. Un diagnóstico que no comparte casi nadie en la prensa local que se ha reducido a la autocensura bajo el terror. ¿Y qué dice la comunidad internacional al respecto?

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Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

Traducción: Israel Ayala

Foto: Môssieur J, Flickr.

Americagora – Reporters sans frontières

On la croyait terminée cette “affaire” hondurienne. Liquidé, ce coup d’État du 28 juin 2009 que d’aucuns tentaient de présenter comme une “succession présidentielle” (lire aussi la chronique Americagora-RSF du 18 novembre 2009). Les élections du 29 novembre étaient là pour donner le change démocratique après cinq longs mois de répression, de traque à la Resistencia, et de suspensions répétées de médias d’opposition. L’investiture à la présidence de Porfirio Lobo Sosa, propulsé politiquement à la faveur du coup d’État, a fait le reste le 27 janvier dernier. Le reste ? Disons plutôt la suite de ces cinq mois de calvaire. Quinze jours après le scrutin controversé, le 13 décembre 2009, le jeune défenseur des droits de l’homme et militant de la cause gay Walter Tróchez est enlevé et assassiné à Tegucigalpa. Le même venait de subir neuf jours plus tôt un autre kidnapping assorti de menaces ciblées en sa qualité d’opposant.

Pendant ce temps, les forces de l’ordre reprennent les assauts et les saisies d’équipements contre Radio Globo, Canal 36, Radio Uno ou encore la rédaction du journal en ligne El Libertador, c’est-à-dire autant de médias dans le collimateur depuis le golpe de estado (coup d’Etat en espagnol) qu’ils avaient condamnés. Elles aussi dans la ligne de mire, les radios communautaires – en mal de statut au sein d’une législation hondurienne qui les ignore – n’ont pas fini de souffrir. Surtout quand elles combattent, en plus du coup d’État, de juteux projets immobiliers sur les terres ancestrales. Sur la côte atlantique, la station Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce) des Garifunas, honduriens d’ascendance africaine, est détruite par un incendie criminel le 6 janvier. L’aide d’organisations internationales lui a heureusement permis de reprendre ses programmes depuis lors.

L’investiture allait-elle donner l’illusion d’un “retour à la normale” ? La réponse est hélas venue en ce mois de mars où trois journalistes auront été assassinés en moins de quinze jours dans des embuscades routières, l’un à Tegucigalpa et les deux autres sur la côte caraïbe. Dans la capitale, l’attentat qui a coûté la vie à Joseph Ochoa, de la chaîne privée Canal 51, visait apparemment sa consœur Karol Cabrera, réputée, entre autres, pour son soutien radical au coup d’État. Neuf jours plus tard, David Meza Montesinos tombe sous les balles à La Ceiba, dans une région fortement exposée au narcotrafic, dont il endurait disait-il les menaces. Enfin, le 14 mars, Nahúm Palacios, de la petite chaîne locale Televisora del Aguán-Canal 5, ajoute son nom à l’hécatombe.

L’émoi suscité par cette dernière affaire, manifesté par un rassemblement pour une fois unanime de toute la profession, dissimule les plaies toujours vives du coup d’État. A de rares sites près, aucun média n’est venu rappeler que la victime militait dans la Resistencia, que de récentes menaces lui avait été adressées parce qu’il “prenait la défense des pauvres”, et qu’il souffrait de brutalités récurrentes infligées par des militaires. Pas une ligne sur ce point ne figure non plus dans le quotidien Diario Tiempo, le seul des quatre à gros tirage du pays à n’avoir pas soutenu le golpe du 28 juin. Par manque de place ou par peur ? Si le coup d’État est officiellement plié au plan institutionnel, il se poursuit sur le terrain médiatique. Et au-delà.

L’impunité règne. Elle vient même de bénéficier d’une forte prime avec la nomination, le 8 mars, du général Romeo Vásquez Velásquez à la tête de l’entreprise nationale de télécommunications Hondutel. Une amnistie par la promotion, pour un haut gradé opportunément retiré des casernes après le 29 novembre, et sous l’ordre duquel l’armée avait été jusqu’à bloquer les liaisons satellites de médias étrangers tout en délogeant de force Manuel Zelaya le 28 juin.

Le coup d’État n’a donc pas cessé. Et ses conséquences placent désormais le Honduras, en ce début d’année 2010, au peu enviable second rang de pays le plus meurtrier du continent, après le Mexique et devant la Colombie.

Au Mexique, les quatre journalistes – peut-être cinq – assassinés depuis le 1er janvier pèsent apparemment peu parmi les dix-neuf mille tués de l’offensive contre le narcotrafic, lancée en décembre 2006 par le président Felipe Calderón. Les agissements de la police et l’armée, fortement suspectes d’infiltration par le crime organisée, et en particulier contre une presse trop curieuse, se distinguent parfois peu des représailles des narcotrafiquants. Livré à une guerre qui ne dit pas son nom, dont l’issue est également suspendue à la volonté politique des Etats-Unis en matière de contrôle des armes, le pays affronte aujourd’hui une même question fondamentale que le Honduras de l’après golpe. Que reste-t-il d’État de droit ? Que valent la Constitution et les libertés fondamentales, là où l’impunité est devenue la règle avec l’aval des autorités elles-mêmes ?

Les mobiles avancés par les autorités mexicaines pour deux affaires récentes d’assassinat de journalistes prêteraient à rire si la situation était autre. La mort du directeur de quotidien local Jorge Ochoa Martínez, abattu dans l’État de Guerrero en janvier dernier, aurait pour origine un “échange verbal lors d’un conflit routier dans un embouteillage”. Quant au journaliste de radio Jorge Rabago Valdez, mort le 2 mars à Reynosa dans l’État de Tamaulipas – un autre Ciudad Juárez -, il aurait été victime “d’évanouissement” et de “coma diabétique”. Un diagnostic que ne partage guère une presse locale réduite à l’autocensure sous la terreur. Et qu’en dit la communauté internationale ?

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Benoît Hervieu, bureau Amériques de Reporters sans frontières.

Photo: Môssieur J, Flickr.

En cette année des bicentenaires, deux pas importants ont marqué l’éternel rendez-vous du Cône sud de l’Amérique latine avec son histoire. Une histoire plus récente et plus douloureuse que l’âge d’or des indépendances.

En Argentine tout d’abord, persévérant dans son dessein d’ouvrir et de démocratiser l’information, la présidente Cristina Kirchner a ordonné, le 6 janvier, la déclassification des archives de la dictature militaire (1976-1983), toujours aux mains de l’armée. Contresigné par Nilda Garré et Julio Alak, respectivement ministres de la Défense et de la Justice, le décret présidentiel conclut que “les agissements des forces armées au cours de l’époque du terrorisme d’État démontrent que la classification comme non-publique de l’information et/ou documentation n’était pas destinée à protéger les propres intérêts légitimes d’un État démocratique mais, au contraire, a servi à occulter les manœuvres illégales d’un gouvernement de facto”.

Hommage national. Parmi les documents bientôt extraits des tiroirs des états-majors et du ministère de la Défense figurent notamment les archives du sinistre Bataillon 601, chargé des missions d’espionnages pour le compte de la marine, de l’armée de terre et des forces aériennes au pires heures de la répression. La mémoire collective et l’accès à l’information publique vont donc y gagner mais historiens et journalistes auront aussi leur lot de frustrations. Juste avant de remettre le cordon présidentiel à un Raúl Alfonsín élu en 1983, le général Reynaldo Bignone, avait dispersé entre des dépositaires privés les traces de certaines opérations clandestines. La sinistre Ecole supérieure mécanique de la marine (ESMA), où passa près du tiers des 30 000 disparus de la dictature, n’a pas encore révélé tous ses secrets. Alors que son tristement célèbre et ancien locataire, le capitaine Alfredo Astiz, repasse devant ses juges, la reconversion intégrale des lieux en Espace pour la Mémoire s’est achevée en 2008.

De l’autre côté des Andes, le Chili, nettement plus lent à rendre justice sur cette période, a lui aussi son musée de la mémoire depuis le 11 janvier, inauguré par Michelle Bachelet en toute fin de mandat, un mois après l’hommage national rendu au poète et chanteur Víctor Jara, assassiné en 1973 dans le stade de Santiago. Le second tour de l’élection présidentielle du 17 janvier devrait néanmoins amener au pouvoir le milliardaire de droite Sebastián Piñera, soutenu par les testamentaires politiques du général Pinochet. Curieux Chili où un pas en direction de la mémoire est suivi de très près par deux en arrière.

Au cours de cette semaine cruciale tombe, ce 14 janvier, un procès révélateur de l’ambivalence chilienne vis-à-vis du passé. Côté plaignant : Edwin Dmiter Bianchi, lieutenant de 23 ans à l’époque du coup d’État, impliqué dans une première tentative de putsch contre Salvador Allende (le tanquetazo qui coûta la vie au journaliste argentin Leonardo Henrichsen), le 29 juin 1973, et présent dans l’enceinte du stade national au moment du coup d’État du 11 septembre. Journaliste indépendante, Pascale Bonnefoy a relaté cette lourde tranche d’histoire dans un article en date du 25 mai 2006 et publié par plusieurs médias (lire l’article en espagnol ici) Jaloux de son image, sinon de sa réputation, l’ex-lieutenant a déposé plainte contre l’auteur pour “calomnie” et “injure”.

Mémoire amputée. Certes, n’importe quel citoyen et quel que soit son passé peut emprunter cette voie légale. Pascale Bonnefoy Miralles risque, quant à elle, une peine de trois à dix ans de prison. A cette première étrangeté au regard du principe de justice s’en ajoute une seconde, dans le traitement préliminaire du dossier. “Au moment de l’audience préparatoire, j’ai présenté une liste de dix témoins, neuf anciens prisonniers du stade et l’avocat du dossier Víctor Jara. Les avocats de Dmiter ont soutenu que ce nombre était excessif pour démontrer ‘un seul fait’.”, a expliqué la journaliste à Reporters sans frontières. “Le juge leur a donné gain de cause et j’ai dû me limiter à quatre témoins, en sélectionnant moi-même parmi les dix.”

Surprenant, en effet, quand on songe que tout témoignage est bienvenu pour concourir à “l’offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire”, figure juridique imposée dans ce type d’affaire. En résumé, Pascale Bonnefoy doit restreindre ses moyens de défense pour plaider sa bonne foi et rétablir une vérité d’intérêt public.

Non, le Chili n’est décidément pas l’Argentine, où les chefs de la junte furent jugés deux ans seulement après la fin de la dictature malgré les lois d’amnistie ultérieures, annulées depuis. Le pays a rendu – tardivement – hommage à ses victimes, mais ne veut toujours rien dire de ses bourreaux. En Argentine, les victimes “disparaissaient”. Au Chili, les fantômes se sont rangés et un consensus malheureux a fait le reste. Une condamnation de Pascale Bonnefoy, à la veille de cette présidentielle-là, pourrait rendre définitivement intenable une mémoire amputée, qui viole le droit des Chiliens à connaître leur histoire.

Benoît Hervieu, Bureau Amériques de Reporters sans frontières.

(Avec Emiliano Gullo à Buenos Aires et Alejandro Jiménez Susarte à Santiago du Chili)

En este año de bicentenarios, dos pasos importantes han marcado la eterna cita del Cono Sur de América Latina con su historia. Una historia más reciente y más dolorosa que la Edad de Oro de las Independencias.

En Argentina primero, perseverante en su plan para abrir y democratizar la información (ver aquí), la presidenta Cristina Kirchner ordenó, el 6 de enero, la desclasificación de los archivos de la dictadura militar (1976-1983), todavía en manos del ejército. Refrendado por Nilda Garré y Julio Alak, ministros de Defensa y de Justicia respectivamente, el decreto presidencial concluyó que “las maniobras de las Fuerzas Armadas durante la vigencia del terrorismo de Estado demuestran que la información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar los actos ilegales de un gobierno de facto”.

Homenaje nacional. Entre los documentos que pronto serán extraídos de los cajones del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa figuran principalmente los archivos del siniestro Batallón 601, encargado de las misiones de espionaje a favor de la Marina, del Ejército y de las Fuerzas Aéreas en las peores horas de la represión. La memoria colectiva y el acceso a la información pública serán los ganadores, pero los historiadores y los periodistas tendrán también su paquete de frustraciones. Justo antes de colocar la banda presidencial a un Raúl Alfonsín, electo en 1983, el general Reynaldo Bignone había diseminado entre ciertos actores privados los restos de ciertas operaciones clandestinas. La siniestra Escuela Superior Mecánica de la Marina (ESMA), donde pasaron un tercio de los 30,000 desaparecidos de la dictadura, no ha revelado todavía todos sus secretos. Mientras que el capitán Alfredo Astiz, su tristemente célebre y ex locatario, vuelve a ser juzgado, la reconversión integral de los locales en Espacio para la Memoria se terminó en 2008.

Del otro lado de los Andes, Chile, mucho más lento para hacer justicia sobre este período, ha abierto su Museo de la Memoria desde este 11 de enero, inaugurado por Michelle Bachelet en pleno fin de mandato, un mes después del homenaje nacional en honor al poeta y cantante Víctor Jara, asesinado en 1973 en el estadio de Santiago. La segunda vuelta de la elección presidencial del 17 de enero deberá, sin embargo, llevar al poder al millonario de derecha Sebastián Piñera, apoyado por los testamentarios políticos del general Pinochet. Curioso, porque Chile da un paso adelante a favor de la memoria, seguido muy de cerca de dos pasos hacia atrás.

Durante esta semana crucial sale a la luz, este 14 de enero, un proceso revelador de la ambivalencia chilena con su pasado. Del lado de los denunciantes: Edwin Dmiter Bianchi, teniente del Ejército de 23 años de edad, durante la época del Golpe de Estado, implicado en una primera tentativa de golpe contra Salvador Allende (el tranquetazo, que le costará la vida al periodista argentino Leonardo Henrichsen), el 29 de junio de 1973, y presente en el Estadio Chile durante el golpe del 11 de septiembre. Periodista independiente, Pascale Bonnefoy relató este infortunado período de la historia en un artículo fechado el 25 de mayo de 2006 y publicado en distintos medios de comunicación (leer el artículo). Celoso de su imagen, y también de su reputación, el ex teniente presentó una denuncia contra la autora por “difamación” y “calumnia”.

Memoria amputada. Ciertamente, todo ciudadano sin importar cuál sea su pasado puede recurrir a esta vía legal. Pascale Bonnefoy Miralles corre el peligro de una pena de tres a diez años de cárcel. Ante esta primera rareza con relación al principio de justicia se agrega otra, en el tratamiento preliminar del caso. “En la audiencia de preparación de juicio – en que ambas partes anuncian la evidencia documental y testimonial que presentarán en el juicio- yo presenté una lista de 10 testigos -  9 ex presos del estadio y el abogado querellante del caso de Víctor Jara. Los abogados de Dmiter reclamaron que era un número excesivo para ‘demostrar un mismo hecho’, explicó la periodista a Reporteros Sin Fronteras. “El juez accedió y me limitó a cuatro. Tuve que escoger en ese momento cuatro de los 10.”

Sorprendente, en efecto, si se considera que todos los testimonios son bienvenidos para contribuir como “prueba de la verdad del hecho difamatorio”, figura jurídica impuesta en este tipo de casos. En resumen, Pascale Bonnefoy tuvo que restringir sus medios de defensa para probar su buena fe y restablecer una verdad de interés público.

No, Chile no es decididamente Argentina, donde los jefes de la junta fueron juzgados únicamente dos años después del fin de la dictadura, a pesar de las leyes de amnistía posteriores, y anuladas después. El país ha rendido, tardíamente, homenaje a sus víctimas, pero no puede todavía decir nada de sus verdugos. En Argentina, las víctimas “desparecen”. En Chile, los fantasmas se organizaron y el consenso infeliz hizo el resto.  Una condena de Pascale Bonnefoy, a la víspera de esta presidencial, podría hacer definitivamente insostenible una memoria amputada, que viola el derecho de los chilenos a conocer su historia.

Benoît Hervieu, Oficina de las Américas de Reporteros Sin Fronteras.

(Con Emiliano Gullo en Buenos Aires y Alejandro Jiménez Susarte en Santiago de Chile)

Traducción de Israel Ayala.

Americagora – Reporters sans frontières

Le train des scrutins majeurs reprend en Amérique latine au tournant du trimestre.  Les élections présidentielles qui s’annoncent diront pour une bonne part ce qu’il advient de la vague des gauches portées au pouvoir lors des précédentes élections. Cette inconnue n’est pas la seule. A y regarder pays par pays, l’enjeu dépasse souvent et de loin le seul choix entre continuité et rupture à l’occasion d’un vote.

En Uruguay le 29 novembre et au Chili le 13 décembre, les figures émergentes retiennent davantage l’attention que les programmes et la partie n’est pas tout à fait gagnée. A l’est du Rio de la Plata, l’ancien tupamaro “Pepe” Mujica doit tenir son pari d’ancien guérillero identifié à Lula face aux appétits de revanche des blancos du Parti national. Il en va un peu de même au Chili où le jeune Enrique Marco Enríquez Ominami, fils du leader du MIR assassiné sous Pinochet, se réclame, lui de Barack Obama contre une droite sur le retour.

Le Brésil votera en octobre 2010 sur l’inventaire de l’héritage Lula alors que la Colombie, quelques mois plutôt, pourrait donner quitus à un troisième mandat, par principe controversé, d’Alvaro Uribe. Les élections se joueront aussi sur le dilemme d’un continent passé du règne interminable des dictateurs à la limitation drastique des mandats présidentiels qui ne laisse guère le temps d’agir. C’est, entre autres, pour résoudre la question que des projets constitutionnels ont vu le jour. Réussis – dans la douleur – ou contrariés, ils pèsent lourd dans la balance électorale… et sur l’humeur médiatique.

Appel au meutre.  En Bolivie, l’élection du 6 décembre s’annonce déjà chargée à tout point de vue. Premier indigène élu à la tête de l’État, l’aymara Evo Morales remet en jeu son propre symbole en même temps que la Constitution qu’il a fait adopter, au prix d’un débat explosif, le 25 janvier dernier par référendum. Sauvé de justesse par le Brésil et l’Union des nations sud-américaines après une année de menaces séparatistes et de batailles rangées militantes, l’homme de l’Altiplano va aussi pouvoir mesurer l’évolution de son image dans les médias. Promoteur de radios communautaires, d’un service public audiovisuel renforcé et même d’un quotidien d’État (Cambio), le locataire du Palacio Quemado traîne un lourd contentieux avec une presse à 80 % privée et souvent de mèche avec l’opposition. Officielle ou radicale.

Les charges éditoriales ont hélas dépassé plus d’une fois le seuil de la critique, certaines versant dans l’incitation à la haine raciale et l’appel au meurtre. En 2008 Santa Cruz, au plus fort des référendums autonomistes et des menaces de guerre civile, Radio Oriental et son propriétaire, Luis Arturo Mendivil, paraphrasaient Goebbels en incitant les milices locales à “en finir avec les faces de lama”[sic] et à plastiquer des médias publics comme Canal 7 ou Red Patria Nueva. Le geste fut souvent joint à la parole… Et la liberté de la presse a nettement souffert d’une situation où l’appartenance à un média se confond, pour des manifestants nerveux, à l’affiliation à un camp politique.

Après une année d’accalmie, la tension remonte, y compris par presse interposée. Le même réseau radiophonique Red Patria Nueva a subi une agression collective, le 9 novembre, suivie d’une suspension de plus de deux heures, toujours à Santa Cruz. A Cochabamba, une équipe de la chaine privée Unitepc a essuyé les foudres de militants rivaux.

Censure. Souhaitons bien du courage aux envoyés spéciaux des rédactions boliviennes comme à leurs collègues du Honduras. Car là, c’est la légitimité même d’un scrutin organisé par les putschistes du 28 juin qui promet une chaude ambiance de campagne. “Non au scrutin golpista”, “Candidats goriletti”, peut-on lire sur les murs déjà bien fournis de Tegucigalpa ou San Pedro Sula.  L’accord de sortie de crise du 29 octobre a fait long feu en une semaine. La restitution de Mel Zelaya, le président déchu, ressemble de plus en plus à une chimère mais le scrutin, voulu coûte que coûte par un gouvernement putschiste pressé de se refaire un visage démocratique, a reçu l’aval malheureux des Etats-Unis.

A cet égard, la campagne médiatique a payé. “Les médias dominants ont mis toute leur force dans la promotion de l’élection du 29 novembre”, nous confiait il y a peu le jésuite Ismaël Moreno, “Padre Melo”, directeur de la station régionale Radio Progreso, opposante au coup d’État et plusieurs fois militarisée et suspendue depuis. “Ils ont nié la réalité du coup d’État, avant de la noyer dans l’échéance de la future élection qui légalise en fait le Golpe.”

La logique du putsch se lit ou s’entend, depuis le 28 juin, sur la majorité des colonnes, des ondes et des écrans. Et pour cause. Les auteurs du coup d’État sont aussi principaux patrons de presse. Ainsi l’ancien président Carlos Flores Facussé, propriétaire du quotidien La Tribuna. Ainsi son successeur et prédécesseur de Mel Zelaya, Ricardo Maduro Joest, propriétaire du puissant groupe INVOSA qui détient notamment la très écoutée Radio Cadena Voces (RCV). Ainsi le magnat Jorge Canahuati Larach, proche du Parti national et propriétaire des quotidiens El Heraldo et La Prensa. Pour ces médias et parfois contre leurs propres journalistes obligés de se taire, il n’y a pas eu de coup d’État mais une “succession constitutionnelle” ou plus simplement un “28 juin”.

Rares sont les médias nationaux, comme Radio Globo, la chaîne Canal 36 ou le quotidien Diario Tiempo, à avoir rappelé l’évidence du putsch et milité contre.  Ces médias vont souffrir. Ils sont d’ailleurs sous le coup d’une demande de censure déposée par le commandement de la police auprès des autorités judiciaires. Quant aux journalistes couvrant les marches de la Resistencia pour des médias qui les ignorent, ils risquent de subir le feu croisé des forces de l’ordre et d’opposants radicalisés.

Résumons. Une élection contestée dans sa forme. Un vote sous contrôle d’une armée à la matraque facile. Un président mal élu et boudé par la communauté internationale. Des journalistes en danger. Les vieux démons latino-américains ont survécu aux années de guerre froide.

Benoît Hervieu, Bureau Amériques de Reporters sans frontières.

Photos: DR RSF.

Retrouvez ici les autres analyses de l’ONG RSF.

« Reportage : République Dominicaine », A l’occasion des 20 ans des droits de l’enfant, reportage de RFI auprès des enfants qui trient les déchets sur une déchetterie de Santo Domingo.

« Ils ont bravé Texaco au cœur de l’Amazonie » Le Figaro. Trente mille Indiens ont porté plainte contre la compagnie pétrolière américaine. C’est le plus grand procès environnemental du siècle. Après seize ans de procédure, il arrive à son terme.

« Opération propreté aux frontières du pays » Courrier International. Le gouvernement brésilien lance le programme Fim de Linha (fin de ligne) pour empêcher les délinquants de toutes sortes de continuer de se réfugier au Brésil.

« Les Mennonites font parler d’eux » Reportage photo de RFI dans une colonie mennonite en Bolivie, touchée par de graves scandales de viols.

« L’insécurité au Venezuela », Reportage de RFI à Caracas, réputée la ville plus dangereuse d’Amérique Latine après Ciudad Juaréz.

Et quelques brèves…

« Alain Devalpo : Peines mexicaines » RFI Présentation du livre qu’Alain Devalpo, journaliste à RFI, vient de publier, avec Anne Vigna : Peines mexicaines, une minutieuse enquête autour de l’ « affaire » Florence Cassez

« Fidel Castro obamaniaque », Le Nouvel Obs. L’ancien chef d’Etat cubain consacre beaucoup de ces réflexions publiées dans la presse au président américain qu’il félicite souvent tout en le mettant en garde.

« Buenos Aires, première à autoriser les mariages gays en Amérique latine », AFP.

« Cassez y su defensa editorial », Proceso, Peines mexicaines, le livre d’enquête autour de Florence Cassez démonte les charges qui pèsent sur la française.

«Monta el gobierno de facto escenario de miedo para las elecciones presidenciales en Honduras» La Jornada.

«Laboratorio de autoritarismo», Radio Mundo Real, Pour de nombreux analystes, le coup d’Etat au Honduras n’est pas un cas isolé mais sans doute une expérience régionale.

«Adieu au big bang de la poésie argentine » Página/12, Hommage au poète argentin Leonidas Lamborghini mort à l’âge de 82 ans.

Agathe MARIN.

La célèbre blogueuse de 34 ans raconte avoir été violentée en compagnie de trois amis, alors qu’elle comptait se rendre à une petite manifestation contre la violence dans le monde. Son blog, aborde la société cubaine au quotidien, dans un ton de liberté inégalé dans les autres médias muselés par le régime castriste.

« Rumeurs de coup d’Etat au Paraguay », Reportage de RFI

« Paraguay: le président décapite l’armée », Le Figaro. Fernando Lugo, ancien évêque devenu le premier président progressiste au Paraguay depuis 1954 a limogé trois chefs de l’armée après avoir démenti pourtant les rumeurs persistentes de coup d’Etat.

« Toujours pas d’accord au Honduras où continue la dictature », Página/12

« Honduras : les négociations au point mort », RFI.

«La Cordillière péruvienne victime du réchauffement climatique », sur Youphil. Face au recul inquiétant des glaciers dans les Andes du Pérou, une ONG nationale propose de peindre les montagnes en blanc (AFP) pour qu’elles absorbent moins de chaleur !

« Les anciens conscrits de la dictature ont des états d’âme », Courrier International. Les anciens conscrits ayant fait leur service militaire sous la dictature demandent des dédommagements pour « avoir été obligés de violer les droits de l’homme ».

« Bolivie: un candidat à la vice-présidence en détention ». Reportage de RFI dans la campagne présidentielle bolivienne. Le président sortant, le socialiste Evo Morales, part largement favori avec plus de 50% d’intentions de vote, alors que son principal adversaire, le représentant de la droite libérale, Manfred Reyes Villa, ne recueille qu’environ 20%. Lui et son colistier, le candidat à la vice-présidence, Leopoldo Fernandez, ont des démêlés avec la justice. Fernandez se trouve en prison, d’où il accuse le gouvernement de l’empêcher de faire campagne.

« Bicentenaire, tombes et statues », Página/12 ( en espagnol) Comment fêter le bicentenaire  de l’indépendance dans un pays et dans un continent à la merci des coups d’Etat comme celui du Honduras se demande le journaliste argentin José Pablo Feinmann en analysant le poids actuel du complexe militaro industriel des Etats-Unis.

« Répression progressiste contre le peuple mapuche », Dans les colonnes du journal mexicain La Jornada, le journaliste et analyste uruguayen Raúl Zibechi dénonce les violences commises par la police chilienne contre des enfants mapuches lors des offensives menées contre l’occupation de terres par cette ethnie indigène du Sud du Chili.

« Mille voix », L’émission hebdomadaire de Radio Mundo Real ( en espagnol) revient sur la situation agraire au Guatemala.

« Agé de 72 ans, s’est éteint en Espagne le photographe argentin Humberto Luis Rivas », La Jornada ( en espagnol)

Et en bonus «lecteurs éternels » : Paris vue par le correspondant de Página/12

« Accord de sortie de crise au Honduras », Le Figaro, Le puschiste Micheletti a fini par accepter un possible retour de Zelaya au pouvoir. Retour qui doit être accepté par la Cour Suprême et le Congrès.

« Hora de contar porotos en Honduras », Página/12, Le président déchu Manuel Zelaya reste confiant, mais les négociations restent ardues pour obtenir les votes nécessaires à sa restitution.

« Le Paraguay, entre démocratie et coup d’Etat », E’a, (en espagnol) Suite à l’enlèvement d’un entrepreneur agricole, Fidel Zavala dont serait responsable l’armée du Peuple Paraguayen, une guérilla d’extrême gauche, l’opposition politique a lancé une grande campagne médiatique demandant la destitution du président Fernando Lugo et la création de commandos anticommunistes pour défendre les propriétés terriennes. L’hebdomadaire indépendant E’a tente, par différents articles, de décrypter les discours et les peurs qui circulent depuis quelques semaines dans ce petit pays d’Amérique du Sud gouverné depuis août 2008 par l’ancien évêque Fernando Lugo.

«CEPAL: le modèle agroexportadeur néolibéral doit devenir de l’histoire ancienne », El Ciudadano, ( en espagnol) Lors de la reunión interministérielle sur l’Agriculture et la Vie Rurale en Amérique Latine, qui a eu lieu en Jamaïque du 26 au octobre, la majorité des 34 pays participants ont coïncidé avec les conclusions de la CEPAL (Commission Economique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes), soulignant la nécessité d’un nouveau modèle agricole porté par les petits producteurs afin de garantir la souveraineté alimentaire des peuples d’Amérique Latine.

« Le pire de la crise est encore à venir », Página/12 (en espagnol). L’économiste Pedro Paez Pérez, proche collaborateur de Rafael Correa, revient sur les conséquences de la crise en Amérique Latine et sur le rôle des Etats-Unis « experts en démolitions ».

« L’accord Etats-Unis Colombie : un plan contre les gouvernements révolutionnaires selon Evo Morales » La Jornada. Le président bolivien, lors d’une rencontre avec des journalistes internationaux revient sur les conséquences que l’accord militaire va avoir sur les peuples d’Amérique latine.

« Mexique: un innocent accusé du meurtre d’un journaliste US, selon Amnesty » AFP. Un Mexicain en prison depuis trois ans pour le meurtre du journaliste américain Bardley Roland Hill abattu lors des affrontements d’Oaxaca est innocent et a servi de “bouc émissaire”, a affirmé mardi l’organisation de défense des droits de l’Homme Amnesty international.

« L’impunité reste intouchée », Courrier International. Le référundum organisé en marge du premier tour de l’élection présidentielle pour abroger la loi de caducité, qui protège de la justice les militaires et policiers accusés de violations de droits de l’homme commises sous la dictature (1973-1985), n’a pas obtenu les 50% de oui nécessaires.

« Quand la dictature argentine espionnait ses opposants à Paris », Rue89. Enquête dans les photos d’archives d’une famille d’exilés.

« Lutte contre les milices au cœur des favelas brésiliennes », un reportage de RFI.

« Les relations franco-brésiliennes évoluent », reportage de RFI sur l’histoire des relations franco-brésiliennes depuis le 16^ème siècle.

« Des Colombiennes souhaitent créer une ONG comme les Mères de la Place de Mai » La Jornada, Des femmes colombiennes exigent «  vérité, justice et châtiment », et la fin du conflit armé en Colombie.

« Premiers tests OGM: le Mexique inquiet pour “ses” maïs multicolores » Romandie. Greenpeace dénonce la possible disparition de la diversité du maïs mexicain suite aux premiers tests de plantation d’OGM au Mexique

« Les célébrations pour le jour des morts, mexicain, augmentent aux Etats-Unis », La Jornada. Aux Etats-Unis, à la fête d’Halloween s’ajoutent les célébrations proprement mexicaines du Jour des Morts.

« 5100 croix ont été accrochées au mur frontière entre Tijuana et San Diego », La Crónica de Hoy. A l’occasion du Jour des Morts, de nombreuses ONG mexicaines de défense des droits de migrants ont voulu commémorer tous les migrants morts sur cette frontière.

L’Uruguay fait la une !

« La loi de «caducité» est déclarée inconstitutionnelle », RFI. La loi de caducité qui empêchait jusqu’ici en particulier la poursuite judiciaire des militaires et des policiers accusés de violations de droits de l’homme sous la dictature. Cette loi fera l’objet d’un référundum dimanche lors des élections.

« L’ex-dictateur Gregorio Alvarez condamné à 25 ans de prison », RFI

« Les Uruguayens ont rendez-vous avec les urnes », RFI, Ce dimanche les Uruguayens votent à la fois pour le premier tour de l’élection présidentielle, les sénatoriales et les législatives. Ils doivent aussi …sur deux référundums.

«Pepe», le guérillero assagi qui veut conquérir l’Uruguay », Le Figaro. Pepe Mujica, un ancien guérillero qui a passé près de 15 ans dans les prisons uruguayennes, se présente ce dimanche 25 octobre à la présidence de l’Uruguay.

« Uruguay : la présidence se joue entre un ex-guérillero et un ex-chef d’Etat », Le Monde, Reportage photo.

«Palabras para las vísperas», Dans le quotidien argentin Página/12, le journaliste et écrivain uruguayen Eduardo Galeano revient sur les enjeux des élections en Uruguay ce week end et des référundums sur la loi du vote des Uruguayens à l’étranger et de la loi de caducité.

Et ailleurs…

« Uribe l’a fait, Sarko aussi », Courrier International, Sarkozy imiterait-il Uribe en offrant à son fils une sorte de « zone franche » ?

« Le peuple mapuche déclare la guerre à l’Etat Chilien » La Radio communautaire  chilienne Radio Placeres revient dans cet article sur les récents affrontements entre les communautés mapuches, une ethnie indigène du sud du Chili avec les forces de l’ordre en s’appuyant sur un reportage publié dans la revue mexicaine Progreso en juillet dernier : « Chile: la devastación indígena ».

« Trop de bruit », Radio Mundo Real. Depuis l’ambassade du Brésil à Tegucigalpa les diplomates brésiliens dénoncent les agressions assourdissantes de bruits et de musique contre l’ambassade où est réfugié Manuel Zelaya, le président déchu.

«El sable, el hisopo y la sala de mercados», Página/12 ( en espagnol), Bernard Cassen dénonce vivement la cérémonie qui sera organisée le 24 novembre prochain à l’Institut Catholique de Paris en l’honneur du cardinal et évêque de Tegucigalpa Oscar, Oscar Rodríguez Maradiaga, et de l’ex directeur general du FMI, Michel Camdessus, qui recevront le titre de doctor honoris causa.

«Estamos fritos» Página/12 (en espagnol), Le Directeur de la Bibliothèque Nationale d’Argentine revient sur les propos vulgaires tenus par Maradona suite à la classification de la sélection argentine au Mondial en dénonçant la stigmatisation de ce langage par une partie de la presse argentine, hermétique aux autres formes de parler que celle de l’élite «civilisée ».

« Découverte d’une autre lettre d’adieu de la poète Alfonsina Storni », La Jornada ( en espagnol) La Société Argentine des Ecrivains vient de découvrir dans une de ses caves, une lettre d’adieu inédite  ainsi que des manuscrits de la poète dont la mort tragique a été immortalisée par la chanson « Alfonsina y el mar ».